Hace poco más de un mes, el 19 de febrero, a las 11:20, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), fue recibida una carta firmada por Rodrigo Armando Soto Garcíalugo, director jurídico de la empresa Integradora de Productores del Estado de México (IPEM) con una advertencia para el entonces ministro de esa cartera de Estado, Pablo Anliker Infante.
IPEM es la empresa, o una de las empresas mexicanas con las que el MAG hizo trato para la provisión de alimentos como atún, leche en polvo, café, arroz, frijol, etc., los cuales fueron y continúan siendo entregados a familias salvadoreñas como parte del Plan de Emergencia Sanitaria, PES, echado a andar a raíz de la pandemia de COVID-19, desde marzo de 2020.
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Irregularidades indaga la Corte de Cuentas de la República en las compras de alimentos realizados por Agricultura.
Anliker Infante es un funcionario que esta semana fue separado de su cargo de ministro, bajo un manto de silencio oficial sobre las razones de su sustitución.
El MAG, al mando de Anliker hasta el pasado miércoles, ha sido uno de los ministerios más cuestionados por el uso de fondos públicos durante la pandemia, además de que ha impuesto reserva a la mayor parte de documentación sobre tales compras.
Productores agrícolas salvadoreños también han cuestionado que el Gobierno haya comprado granos básicos a empresas mexicanas cuando nacionalmente había suficiente oferta.
Amenaza de arbitraje comercial
De acuerdo con la carta, de la cual El Diario de Hoy logró conseguir una copia, en la misiva Soto Garcíalugo fue al grano: “...muy respetuosamente le informo que la cantidad de USD 9,000,000.00 (NUEVE MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS) sigue aún pendiente de pago a pesar de nuestros reiterados avisos”, es decir, que la carta de fecha 18 de febrero no es la primera mediante la cual le hacían el cobro.
La herencia de Anliker: millones de alimentos importados en detrimento de la agricultura nacional
“Dado que las condiciones de pago del referido contrato se han incumplido de manera excesiva, esto ha puesto en serio riesgo a nuestra Empresa para con nuestros proveedores; sin embargo, hemos tenido una buena disposición, misma que no ha sido correspondida por el ministerio de Agricultura y Ganadería”, reza el documento.
Carta enviada a Agricultura en la que advierten de recurrir a arbitraje internacional. El Diario de Hoy gestionó, el viernes anterior, la posición oficial del MAG sobre la carta en la que le cobran varios millones de dólares; hasta este lunes, no hubo respuesta oficial.
La carta firmada por Soto Garcíalugo remata diciendo que si bien tienen el deseo de preservar la relación comercial con el MAG en la manera posible, si no recibían el pago de forma inmediata, IPEM se vería en la obligación de iniciar las acciones legales correspondientes, tanto de arbitraje comercial como por la vía diplomática.
“Esperamos contar con su cooperación para evitar tener que recurrir a medidas más drásticas en la protección de nuestros interese”, concluía la carta.
Silencio del MAG
Ayer, El Diario de Hoy gestionó con personal de comunicaciones del Agricultura, la posición institucional sobre el cobro de los nueve millones de dólares y, específicamente, se preguntó por qué no se había cancelado esa deuda, ya que fuentes de esa misma cartera de Estado afirmaron que la deuda aún no ha sido cancelada.
Sin embargo, al cierre de esta nota, no hubo respuesta a pesar de que se aclaró que la nota sería publicada pronto.
En cuanto a la empresa IPEM, El Diario de Hoy no encontró forma alguna de contactarla ni a Sorto Garcíalugo, firmante de la carta.
El 2 de diciembre de 2020, una comisión especial de la Asamblea Legislativa cuestionó a Anliker por el uso de fondos y por inconsistencias en su informes. Los diputados miembros de la comisión le cuestionaron la inconsistencia de datos en el caso de la reserva de granos básicos, pues Casa Presidencial afirmaba que compró $30 millones en productos, pero en su informe, el MAG consignó que la inversión fue de $23.4 millones.