El excampeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius, condenado por el asesinato de su compañera Reeva Steenkamp hace diez años, permanecerá en prisión después de que una comisión penitenciaria rechazara el viernes su solicitud de libertad condicional.
Los servicios penitenciarios informaron en un comunicado que la negativa está relacionada con el hecho de que el convicto, ex figura del atletismo paralímpico, aún no ha cumplido una parte suficiente de su sentencia.
"La razón que invocaron es que el detenido no ha completado el período mínimo de detención, según lo decidido por el Tribunal Supremo de Apelación", es decir, la última instancia que condenó a Pistorius en 2017 después de múltiples apelaciones, dice el comunicado.
"La solicitud ha sido rechazada" y "será revisada en un año", dijo a la AFP la abogada de la familia de la víctima, Tania Koen. Un comité ad hoc se reunió el viernes en la prisión de Atteridgeville, cerca de Pretoria, donde el exatleta, de 36 años, cumple una condena de más de trece años.
La ley sudafricana establece que una persona condenada por asesinato puede obtener la libertad anticipada una vez que haya transcurrido la mitad de su sentencia.
Los padres de Reeva Steenkamp habían manifestado su oposición a su liberación anticipada, considerando que Oscar Pistorius nunca dijo la verdad.
"No creo en su historia", dijo la madre visiblemente angustiada, June Steenkamp, a los periodistas que se agolpaban junto al auto en el que llegó a la prisión para participar en la audiencia de la comisión. La madre finalmente no tuvo que testificar frente al asesino de su hija por decisión de la comisión, dijo su abogada Tania Koen.
Los padres de la víctima viven "una sentencia de cadena perpetua" desde la muerte violenta de su hija, dijo Koen. "La echan de menos todos los días", añadió.
"Creen que no debe ser liberado" porque "no ha mostrado remordimiento y no está rehabilitado, porque si lo estuviera, habría sido honesto y habría contado la verdadera historia de lo que sucedió esa noche", insistió.
La comisión debía oficialmente examinar si se cumplió "el objetivo del encarcelamiento", explicó la administración penitenciaria. También se examinó el comportamiento del detenido, su estado físico y mental y el riesgo de reincidencia.
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