El 14 de diciembre de 1948, un grupo de militares jóvenes condujo un golpe contra el régimen del general chalchuapaneco Salvador Castaneda Castro, heredero directo del brigadier Maximiliano Hernández Martínez, en cuyo gabinete desempeñara varios puestos ministeriales.
Como líder de aquel movimiento rebelde fue identificado el teniente coronel Óscar Osorio, por entonces exiliado en la ciudad de México y donde había logrado estudiar las instituciones impulsadas en esa nación norteamericana por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). A su regreso al país, Osorio impulsó el tan esperado cambio para las mayorías. Para brazo político, fundó el Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD), que contó con el masivo apoyo de sectores económicos, militares, políticos e intelectuales. Para “brazo armado del pueblo”, el ejército nacional juró defender las nuevas instituciones y, en especial, todo el esquema jurídico derivado de la Constitución progresista de 1950.
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Osorio formó parte del Consejo de Gobierno Revolucionario (1948-1950), pero después se postuló para las elecciones presidenciales. Por primera vez en la historia nacional, el Poder Ejecutivo lo ejercería una persona durante seis años, a partir de septiembre de 1950 hasta septiembre de 1956. El triunfo en las urnas fue arrollador, algo nunca visto en la historia electoral de la nación salvadoreña.
Como parte del gabinete de gobierno de Osorio, comenzó a destacar la figura del ministro del Interior, el teniente coronel José María Lemus. Hombre hábil para la política, combinaba sus artes en la oratoria y las letras con una vida de jet set, acompañado siempre por su hermosa esposa Coralia Párraga de Lemus. En ese sentido, a la corta estatura y escasa presencia del presidente Osorio le resultaba complicado rivalizar con su cercano ministro, encargado del control interno de la disidencia, de las comunicaciones oficiales y de los aparatos estatales de orejas y soplones que mantenían el orden dentro del territorio. En aquellos momentos, para nadie era un secreto que el ministro del Interior era el siguiente designado para ocupar la Presidencia de la República.
Al régimen prudista le interesaba aparecer como garante y bastión de las libertades de expresión y prensa. Por eso, en noviembre de 1952, el teniente coronel Lemus amonestó de forma pública y enérgica al gobernador departamental de San Miguel, por sus afanes desmedidos por querer censurar las publicaciones de medios de la urbe migueleña. Los editores y periodistas elogiaron aquella medida, en la misma medida en que hacían la vista gorda frente a las crecientes vigilancias policiales, capturas y exilios de opositores políticos.
Mientras el sexenio de Osorio construía instituciones modernas como los Institutos Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Regulador de Abastecimientos (IRA), el de Colonización Rural (ICR) y el de Vivienda Urbana (IVU) e impulsaba grandes proyectos de reformas en las zonas citadinas y rurales del país, crecía el descontento popular por el encarecimiento de la vida por la industrialización acelerada, pese a que El Salvador ocupaba el tercer puesto mundial como productor de café en grano.
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Pese a ello, el Efecto Osorio mantuvo la inercia electoral en varios momentos. Así, en las elecciones legislativas y municipales de 1954, el PRUD postuló a las primeras cuatro mujeres para ocupar curules en la Asamblea Legislativa. Una de las ganadoras de ese espacio de poder fue la médica y cardióloga Dra. María Isabel Rodríguez, de 32 años. Gracias a la Constitución de 1950, las féminas nacionales habían conseguido el pleno derecho de ser electoras y sujetas de elección, por lo que después tuvieron oportunidad de ser designadas alcaldesas, gobernadoras, diputadas, viceministras, procuradoras de pobres, etc.
En 1955, como estaba previsto, Lemus fue designado el candidato oficial del PRUD para los comicios presidenciales del año siguiente. La oposición desplegó su artillería en cuestionarle su nacionalidad, al alegar que había nacido en Honduras y no en El Salvador. Como respuesta, varios intelectuales del régimen, entre ellos el educador e investigador histórico Jorge Lardé y Larín, salieron en medios y difundieron una partida de nacimiento, asentada en el Barrio Honduras del puerto de La Unión. La cosa no convenció a muchas personas, pero sí a las suficientes como para lograr un nuevo triunfo del PRUD y el inicio de su segundo sexenio al frente del Ejecutivo nacional.
Para congraciarse con aquellos que no le eran adeptos y afectos, Lemus posibilitó el regreso de decenas de exiliados y permitió espacios de debate político en la televisión, que desde septiembre de 1956, con la salida al aire de YSEB canal 6 (no el actual), era la tecnología comunicativa de punta en El Salvador. Ese ejercicio de supuesta apertura a favor de las libertades fue elogiado en enero de 1957 por una comitiva de diplomáticos y diputados franceses, llegados en visita oficial. Sin embargo, la realidad era otra.
El 9 de febrero de 1957, en la ciudad de San Salvador, agentes policiales fotografiaron y ficharon a todos los periodistas llegados a los juzgados para dar cobertura al juicio del inspector Adán Torres Valencia, exjefe de Investigaciones Criminales, acusado de ser el autor material de un sonado caso de homicidio por torturas.
El miércoles 4 y jueves 5 de septiembre de 1957, Lemus impulsó varias reformas a la Ley de imprenta vigente, las que resultan lesivas para periodistas, editores, propietarios de medios y líneas editoriales. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y el Club de Prensa de El Salvador guardaron silencio. La mayor parte de sus afiliados también eran militantes del PRUD. Uno de los pocos que alzaron la voz en contra de aquellas manipulaciones interesadas de la ley fue el abogado, periodista y diplomático Dr. José Luis Salcedo Gallegos (1921-1978), casado con la venezolana Magaly Siso Rojas desde el 9 de agosto de 1946. Su carta crítica fue publicada por El Diario de Hoy, del que era subdirector.
El miércoles 13 de noviembre de 1957, el mandatario afirmó que el término “villanía” usado por el Dr. Salcedo Gallegos en su escrito era ofensivo para su figura presidencial. El jueves 5 de diciembre, el juez Dr. Manuel de Jesús Lara emitió la orden de aprehensión contra el profesional, quien se ocultó durante cuatro meses. El viernes 25 de abril de 1958 fue capturado por elementos de la Policía Nacional, al presentarse en los juzgados capitalinos. Desde la oposición se le brindó asistencia legal inmediata al reo, mediante ocho abogados y nueve bachilleres litigantes.
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Ante el barullo social desatado por el caso y para hacer frente al creciente descontento de la población, el presidente Lemus adoptó una pose magnánima. El viernes 21 de febrero de 1958 no se presentó al juicio como acusador, por estar “muy ocupado”. El primer día de mayo emitió un pronunciamiento público de perdón para aquel ciudadano crítico. Sin embargo, el juicio continuó como si nada en los juzgados. Alineada con el régimen prudista, la Universidad de El Salvador le quitó al Dr. Salcedo Gallegos sus cátedras en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la hasta entonces única alma mater nacional. En opinión del fiscal general de la república, el reo debía continuar detenido en prisión preventiva, para así garantizar su comparecencia en el juicio.
Aunque el Dr. Salcedo Gallegos se negó en todo momento a solicitar el perdón presidencial y una amnistía de parte de la Asamblea Legislativa, su equipo de defensores le recomendaron que lo hiciera. El poder del Ejecutivo estaba cada vez más tendiente hacia la mano dura y no estaba dispuesto a ceder. En ese tira y afloja, falleció el padre del Dr. Salcedo Gallegos y las autoridades le permitieron asistir al funeral. Como válvula de escape, el viernes 12 de diciembre de 1958, los diputados de la mayoritaria bancada prudista emitieron la amnistía no solicitada y el profesional fue puesto en libertad.
Sin embargo, aquella situación contraria a las libertades ciudadanas ya no tenía vuelta atrás. En 1959, el régimen comenzó a perseguir a los escritores Álvaro Menéndez Leal, Roque Dalton García, José Roberto Cea y otros más por las críticas diarias que vertían desde el noticiero Tele-Periódico, emitido por el canal 6 YSEB. En su última emisión al aire, aquellos intelectuales jóvenes lograron que cientos de personas se acercaran al edificio, frente a la plaza Libertad, para así romper el cerco policial que les tendieran. Aquella acción les permitió huir.
Otros escritores, periodistas e intelectuales también fueron perseguidos, encarcelados o enviados al ostracismo. En el caso de Ítalo López Vallecillos, director de la revista institucional La universidad, fue capturado por la Sección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, el miércoles 7 de septiembre de 1960, poco después de la primera invasión militar al campus, ocurrida en la noche del viernes 2 de septiembre. López Vallecillos fue liberado junto con Dalton García y otras decenas de reos políticos tras el derrocamiento del régimen. A su salida de la Penitenciaría Central (hoy Fondo Social para la Vivienda, frente al parque Bolívar), aquel grupo fue recibido y vitoreado por una multitud compuesta por más de veinticinco mil personas. En una ceremonia desarrollada en Casa Presidencial (barrio San Jacinto), a partir de las 11:00 horas del sábado 5 de noviembre de 1960, la golpista Junta de Gobierno Cívico-Militar entregó a la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS) las fichas policiales de cada uno de los intelectuales detenidos. El Dr. Salcedo Gallegos fue nombrado embajador salvadoreño en México, durante los escasos meses que duró el gobierno de facto.
El segundo sexenio presidencial de la historia nacional terminó a los cuatro años, en las primeras horas del miércoles 26 de octubre de 1960. El llamado “madrugón de los compadres” dio al traste con aquel régimen nefasto, que sumió al país en un sombrío panorama económico, derrochó y despilfarró recursos públicos y violó la mayor parte de las libertades ciudadanas, en nombre de una más que cuestionable política de seguridad nacional en contra del comunismo internacional. Lemus se exilió para siempre en la capital de Costa Rica. Allá tuvo tiempo suficiente para sentarse frente a su máquina de escribir y redactar, en mil páginas, sus ideas al respecto de su derrocamiento y su contexto. Como era de esperarse, la culpa siempre fue de otros, de los conspiradores, de los mismos de siempre, porque todo lo hecho por su gobierno estuvo bien realizado y apegado a derecho. Ese documento testimonial aún permanece inédito.