Con la atención puesta en la redención de los bonos 2023 y 2025, la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) emitió el viernes un comunicado advirtiendo con rebajar aún más su calificación CCC+ en los próximos meses si surgen problemas para pagar los compromisos fiscales que están próximos a vencer.
La agencia rebajó la calificación del país en junio pasado al señalar la alta probabilidad de impago de sus deudas.
Esta vez, le agrega una “perspectiva negativa”, es decir, que prevé una mayor posibilidad de complicaciones de pago de la deuda que antes.
“La perspectiva negativa indica la probabilidad de al menos uno en tres de una rebaja en los próximos seis a 18 meses si el gobierno no hace un progreso adecuado para llenar su brecha financiera sustancial o si surgen problemas con respecto a su disposición a pagar”, señala su posición oficial.
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Esta es la segunda agencia que emite un comunicado en la semana después que el gobierno ofreciera recomprar los bonos 2023 y 2025 a un precio menor al emitido. El jueves la agencia Fitch Ratings le bajó la calificación al país por un mayor riesgo de impago.
El comunicado de Standard & Poor’s fue difundido ayer por la tarde, tras el cierre de operaciones bursátiles en las que, de acuerdo a varias fuentes, ninguno de los inversionistas que tiene en sus manos los bonos salvadoreños, tuvo interés en vender sus papeles a bajo precio al gobierno.
Según estas fuentes, este 16 de septiembre comenzaba la recepción de las ofertas de los tenedores de bonos, pero al cierre de las operaciones, ninguno presentó una intención de venderlos.
El lunes 12 de septiembre el presidente Nayib Bukele comunicó la oferta de recomprar la deuda.
Los dos bonos en cuestión significan una deuda de $1,600 millones. El primero de ellos, de $800 millones, vence en enero de 2023 y el gobierno tendría que pagarlo en su totalidad. Sin embargo, no tiene dinero suficiente para hacerlo y ha propuesto recomprar esa deuda a un precio menor.
La agencia Standard & Poor’s señala en su comunicado que el gobierno pudo cumplir con sus compromisos fiscales sin necesidad de hacer una recompra de deuda.
“Consideramos que la recompra de deuda es oportunista y similar a una operación de gestión de pasivos, dado que creemos que el gobierno podría haber cumplido con sus compromisos financieros en el corto plazo sin esta transacción”, indica.
Previendo estos escenarios, la agencia el jueves la agencia Fitch Ratings degradó la calificación del país a “CC” justamente porque el riesgo de que no pague sus próximas deudas se ha elevado, al no tener fuentes de financiamiento que le permitan asegurar la liquidación del bono 2023, que es el más próximo a vencer.
Gobierno debió lograr acuerdo con el FMI
Hace casi un mes, el 17 de agosto, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, explicaba durante una entrevista televisiva cuáles son las intenciones del gobierno detrás de la compleja operación de recompra de los bonos de 2023 y 2025 que recientemente oficializó el presidente Nayib Bukele.
Dicha operación, que consiste en comprar parte de esa deuda del país, es una alternativa de la administración Bukele para mejorar la imagen del país en los mercados internacionales, algo que para el economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, busca “evitar caer en el impago”.
A propósito de ese riesgo, Zelaya no hizo referencia en la entrevista de agosto, y solo se refirió a que “todos los pasos que estamos dando (recompra de bonos) están relacionados con llevar a nuestro país a obtener el grado de inversión en los mercados internacionales”.
El grado de inversión, en la esfera de las calificaciones crediticias, se refiere a aquellos países que mantienen una nota asignada por las agencias de entre BBB y AAA, algo muy positivo y opuesto a la calificación y categoría actualmente El Salvador: Bonos basura, o CCC.
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Esa nota representa el riesgo que existe de que el país caiga en impago de, precisamente, el bono 2023, y es en la reacción que ha mostrado el mercado internacional donde entra en juego el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el cual se mantienen estancadas las negociaciones de un acuerdo de asistencia financiera desde hace más de un año.
En ese sentido, y con respecto a lo que dijo el titular de Hacienda hace casi un mes, Acevedo apunta que “si El Salvador quiere rehacerse y mejorar su perfil de riesgo país y regresar a los mercados internacionales, necesita cerrar un acuerdo con el FMI”, lo que se traduce en que esta opción podría ser más prioritaria y de beneficio para el país que la recompra de los bonos.
Ante esto, el economista Rafael Lemus también coincide con que lo mejor era lograr dicho acuerdo, sin embargo, añade que “esa ruta no es la deseada por el Gobierno porque implica compromiso de disciplina fiscal (medidas de ajuste), transparencia, derogar la Ley Bitcoin y respetar el marco legal para atraer inversiones”.
El tema de la transparencia, o la adopción del Bitcoin, han sido parte de los motivos que originalmente provocaron el estancamiento de las negociaciones con el FMI y la consecuente rebaja en la calificación crediticia del país, por lo que solucionar esos temas es algo clave para lograr dicho acuerdo.
En este sentido, economistas han explicado anteriormente a El Diario de Hoy, que un acuerdo con el Fondo es una especie de certificación que le permite al país tener una mejor reputación para los inversionistas en los mercados, por lo que enfocarse en las negociaciones habría tenido un mejor impacto para mejorar el perfil de riesgo.
A este punto, el tema del riesgo país, que se calcula según el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes, (EMBI, en inglés), es algo que mejorará sin duda si se alcanza un acuerdo, mientras que con la recompra de los bonos mejorará, pero relativamente poco.
Por ello, el doctor Óscar Cabrera, otro expresidente del BCR, señala que “esta estrategia (la recompra de bonos) tiene sus riesgos por los elevados niveles de deuda que tiene el país, por los niveles de déficit fiscal y por la falta de dicho acuerdo con el Fondo Monetario.
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¿Por qué la recompra?
A este punto, más allá de la versión oficial (la que expuso el ministro Zelaya), los economistas señalan otros motivos por los que el gobierno quiere realizar la operación de recompra de bonos. En primera instancia, para Lemus “es una medida de maquillaje que quita del camino el riesgo de impago del bono 2023 y parte del bono 2025”.
Sin embargo, apunta que los inversionistas podrían no tener interés en vender el bono 2023, sobre todo, debido a que algunos podrían esperar al vencimiento para poder recibir todo el monto ($800 millones), y no el monto si venden su cupón al precio actual de mercado ($706 millones).
Ante ese escenario, Acevedo va más allá y considera que la estrategia buscaría mantener “la línea de crédito abierta” para el gobierno evitando el impago, pues al no lograr cancelar los compromisos en enero de 2023, el mercado de deuda para el país simplemente se cerraría, mientras que al evitar esa situación, aún hay posibilidades de acceder a financiamiento aunque con altas tasas de interés.
Asimismo, Acevedo también apunta que no es verdad lo que afirmó el presidente Nayib Bukele el 26 de julio en Twitter, cuando dijo que “El Salvador tiene suficiente liquidez para comprar toda su propia deuda (hasta 2025), por adelantado”, pues en la oferta oficializada el pasado el 12 de septiembre por el mismo Bukele equivale “solo” a $360 millones para la operación.
Con respecto a los beneficios, estos dependen más de la situación del mercado, es decir, si el gobierno recompra la totalidad del bono 2023, con un precio actual de $87.9 por cada $100, había un ahorro de casi $100 millones, mientras que si recompra el de 2025, habría un ahorro mucho más grande, sin embargo, la especulación del mercado podría hacer que ambos bonos recuperen su precio y el costo de la recompra no genere ahorro, lo que significaría aún más presión para el país, pues en ese escenario necesitaría reunir $1,600 millones.