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Régimen de excepción hoy bajo la lupa de Derechos Humanos del Congreso de EE.UU.

La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes de EE. UU., evalúa las denuncias de violaciones durante el régimen.

Por Mario González / Ricardo Avelar | Sep 12, 2022- 07:12

Jim Mcgovern y Scott Busby, congresistas de EEUU. Retomado del canal de Youtube TomLantosHumanRights

El régimen de excepción en El Salvador y las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos que propicia son evaluados hoy por la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La audiencia está presidida por los congresistas James P. McGovern y Christopher H. Smith.

Como testigos participan, en el primer grupo, Emily Mendrala, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y Scott Busby, subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Departamento de Estado.

En el segundo grupo están Leonor Arteaga Rubio, directora de Programas, Fundación Debido Proceso Legal; Noah Bullock, director ejecutivo de la organización humanitaria Cristosal; Héctor Silva Ávalos, periodista salvadoreño y corresponsal en Washington de Prensa Comunitaria e Infobae; Tamara Taraciuk Broner, subdirectora de las Américas de Human Rights Watch.

Los testigos examinarán las implicaciones del estado de excepción y discutirán cómo fortalecer el apoyo a los derechos humanos y el estado de derecho en El Salvador en el contexto actual, dice la Comisión.

El régimen de excepción, una especie de estado de sitio que restringe derechos de asociación y del debido proceso y garantías judiciales de los salvadoreños, fue decretado por el gobierno después de una matanza que dejó 62 asesinatos el pasado marzo.

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El comunicado oficial sobre la audiencia de hoy da cuenta de que “el 27 de marzo, luego de una explosión de violencia que resultó en 62 homicidios en un solo día, supuestamente por la ruptura de negociaciones entre el gobierno de El Salvador y los líderes de las pandillas, el presidente Nayib Bukele solicitó y la asamblea nacional aprobó un estado de excepción que suspendió los derechos a la libertad de expresión, asociación y debido proceso”.

“Autorizado inicialmente por 30 días, el estado de excepción ha sido renovado cinco veces y sigue vigente”, dice el documento.

Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, el Departamento de Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado su preocupación por las violaciones de derechos humanos al amparo del régimen de excepción.

El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, ha informado que han detenido a más de 52,000 personas sospechosas de ser miembros de pandillas o estar ligadas a ellas.

Foto EDH/aRCHIVO

De entrada, el gobierno dice que todas son “terroristas”, aunque muchas de ellas no hayan ido aún a audiencia con un juez que revise evidencias y garantice el derecho de defensa y audiencia.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador informó la semana anterior que ha abierto más de 3,140 expedientes de investigación por denuncias de capturas ilegales y otras violaciones a los derechos humanos.

Organizaciones humanitarias han denunciado asimismo que al menos 75 de los capturados han muerto de golpes o en extrañas circunstancias en las cárceles.

La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos señala que hasta agosto 44,000 de los detenidos habían sido puestos en detención preventiva indefinida en cárceles superpobladas con poco o ningún acceso a un abogado o a las pruebas presentadas en su contra.

También: "La Policía es la mayor responsable de detenciones arbitrarias", según defensores de derechos humanos

La Comisión también da cuenta de que hasta agosto al menos nueve periodistas salvadoreños han huido del país después de haber sido hostigados, amenazados y vigilados a raíz de una nueva ley de medios que sanciona algunos reportajes sobre grupos criminales.

“La situación refuerza las preocupaciones sobre las crecientes tendencias autoritarias y el deterioro del estado de derecho en El Salvador y la región centroamericana”, dice la entidad.

La audiencia hoy será virtual. Los miembros del Congreso y testigos participarán de forma remota a través de Cisco WebEx. Los miembros del público y los medios de comunicación pueden ver la audiencia por transmisión web en vivo en el sitio web de la Comisión. La audiencia también estará disponible para su visualización en el servicio House Digital Channel.

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