El Bitcoin ya cumplió un año como moneda de curso legal en El Salvador, pero todavía no hay una normativa que delimite el uso de esta criptomoneda para el financiamiento de los partidos políticos y candidatos para las elecciones de 2024.
Este vacío legal puede dar pie a desequilibrios en la contienda electoral de Presidente, diputados y alcaldes en los primeros comicios en los cuales el Bitcoin puede jugar un papel de ventaja si algún aspirante busca aprovecharse de la falta de controles, a juicio de los expertos.
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“Inclusive ya con dólares es difícil rastrear el origen de los fondos. Hoy es más difícil porque hay soluciones como billeteras no custodiadas donde puedo estar moviendo Bitcoin de un lugar a otro y es muy difícil identificar a los dueños de esas transacciones”, explicó Carlos Palomo, presidente de la organización Transparencia, Contraloría y Datos Abiertos (Tracoda).
“Hay varios esquemas para facilitar el lavado o crear asimetrías en el sentido que algunos candidatos pueden tener más opciones de financiamiento que los que quieran hacer las cosas bien”.
carlos palomo, experto en datos
Pero, ¿en qué se diferencia que los partidos ahora puedan recibir donaciones o aportes en Bitcoin?
La respuesta es que un candidato o partido puede sacar ventaja del anonimato que proveen las criptomonedas o monedas digitales, entonces pueden usar fondos provenientes de dinero no lícitos y gastarlo en sumas pequeñas en su campaña para obtener una mayor exposición sobre sus competidores y tener así más ventaja de cara a las votaciones.
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Palomo lo explica así: “Podemos hablar de un caso hipotético: por ejemplo, un candidato vinculado al narcotráfico o algo por el estilo, perfectamente se puede poner de acuerdo con sus proveedores de recibir el dinero vía criptoactivos y gastarlo vía esquemas de conversión entre criptoactivos, por ejemplo de Bitcoin pasar a “Monero”, que es de las criptomonedas que más privacidad provee, perder ahí la trazabilidad y luego pasar a Bitcoin de nuevo e invertirlo en El Salvador”, explicó.
En efecto, se trata de un esquema sofisticado que requiere la asesoría de expertos informáticos, pero la ausencia de normativas secundarias en torno al Bitcoin abren la puerta a estos posibles desniveles.
Para Carlos Araujo, conocedor de temas electorales, el problema es que la Ley de Partidos Políticos es muy permisiva en el tema de financiamiento de los candidatos, porque aunque establece la obligatoriedad de reportar los aportes privados que reciben, esto no se cumple.
“Dejemos de lado lo electoral y vámonos al tema de la criminalidad y los lavados de fondos y cosas así. La herramienta que te ponen a disposición (Bitcoin) es sumamente compleja de controlarla. En la ley debería de incluirse la obligatoriedad a los candidatos y a los partidos de declarar ese tipo de donaciones y poner sanciones drásticas. El problema de nuestra normativa electoral es que no hay sanciones y, si no hay consecuencias, no les importa”, consideró Araujo.
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En efecto, la Ley de Partidos Políticos establece en su artículo 64: “Toda contribución debe ser individualizada y quedar registrada en el momento de su recepción, mediante comprobante expedido por el partido político. Tales donaciones o contribuciones no podrán recibirse si son anónimas”.
Además, la normativa establece techos de financiamiento a los partidos políticos en año preelectoral, en este caso para 2023.
En el artículo 66 se determina que cada partido podrá recibir donaciones hasta por el 3.5% del Presupuesto Electoral que la Asamblea Legislativa le apruebe al Tribunal Supremo Electoral.
En 2020, el presupuesto extraordinario aprobado para las elecciones municipales y legislativas de 2021 fue de $45 millones. En este caso, cada aporte individual por persona natural o jurídica no podía pasar del 3.5% de esa cantidad es decir un poco más de un millón y medio de dólares.
Como Araujo afirma, incumplir con la transparencia de entregar esos datos o desobedecer los montos máximos de donaciones por persona acarrean multas de entre $5,475 y $20,000.
¿Qué hacer?
El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Noel Orellana dijo estar consciente de los riesgos de financiamiento ilícito con el uso del Bitcoin y aseguró que el tema ya fue abordado en el organismo colegiado y se normará pronto.
“El TSE va a poner todas aquellas herramientas legales que permitan a los mismos partidos tener la tranquilidad y transparencia con la cual vamos a fiscalizar”, dijo Orellana.
“Si algo te hace desigual en una elección es el financiamiento. Debe estar más controlado y tener castigos duros. Guatemala está más avanzado en ese tipo de materia. Acá ya hay límites de financiamiento pero no se cumplen porque no hay consecuencias”.
carlos araujo, experto electoral
Carlos Palomo es de la opinión que el Tribunal Supremo Electoral debe esperar a las siguientes elecciones para permitir el uso del Bitcoin en las campañas proselitistas.
“En mi opinión, para esta campaña no debería permitirse el uso de criptoactivos porque se requieren muchas condiciones que hoy por hoy no podemos cumplir: desde una institucionalidad más fuerte y sólida con capacidad para perseguir mejor el lavado de dinero hasta un cambio en el paradigma en como se hace esto”, dijo el experto en datos.
A su decir, inclusive si el TSE pretende auxiliarse de las instituciones existentes de control de lavado de dinero, las características del Bitcoin hacen que su control se vuelva complicado.
“Lo puedo decir con contundencia: la Fiscalía tiene una capacidad en cuanto a peritos informativos muy pobre. Presentan deficiencias técnicas que no le permiten a uno pensar que tienen capacidad de perseguir los delitos más simples, ni mucho menos lavado de dinero usando criptoactivos”, concluyó.
A juicio de Carlos Araujo, el problema del control radica en las leves consecuencias que las leyes establecen para sancionar conductas incorrectas, por tanto, es de la idea de que lo que se debe reformar con las sanciones más drásticas.
“El problema son las consecuencias. Si las hubiera, no tendrían que reformar mucho la inclusión del Bitcoin porque como financiamiento como tal ya está estipulado cómo debe de reportarse, pero si no hay consecuencias no lo hacen”, resaltó el exmiembro de la Junta de Vigilancia Electoral.
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