En momentos de crisis económica, Leonor Selva, directora ejecutiva de ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada) pidió al gobierno “reconsiderar” el subsidio que recibían las pequeñas empresas ante el incremento del 20% al salario mínimo.
La medida que benefició durante un año a unas 15,000 micro y pequeñas empresas caducó en agosto pasado, tras un año de vigencia.
Funcionarios de gobierno fueron enfáticos al señalar que la compensación era para un año y que ese plazo había sido suficiente. “El tema de salario mínimo quedó claro que tenía periodicidad de un año y las empresas siempre nos han pedido predictibilidad y en un año se tiene predictibilidad”, respondió tajantemente el ministro de Trabajo, Rolando Castro, el pasado 22 de agosto.
PUEDE LEER: Subsidio al salario mínimo era para un año, aclara ministro de Trabajo
“Básicamente obligar a las pymes a que se cubra ese subsidio en este momento con una inflación del 7.7 % justamente podría obligarlas a tener que dispensar de algunos de sus empleados, de buscar formas de contratación informal o incluso provocar el cierre”, planteó Selva este viernes, durante la presentación del informe económico que preparó la gremial.
Y luego de las advertencias de Rolando Castro de sancionar a empresas que despidan personal por no pagar el incremento salarial, la directora de la ANEP sostuvo que el Ministerio de Trabajo “no puede evitar que haya un despido” cuando la empresa no es rentable.
Selva sugirió “separar el discurso político de la realidad”. “El ministerio lo que hace es supervisar que las empresas cumplan la ley y que si se van a generar despidos se hagan conforme a ley”, concluyó.
TAMBIÉN: ANEP proyecta 30,000 nuevos empleos menos en 2022 respecto a 2021
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) también había advertido sobre el impacto para los pequeños negocios de eliminar el subsidio.
Jorge Hasbún, presidente de la Camarasal, manifestó el pasado 16 de agosto que habían solicitado al gobierno la extensión del subsidio al salario mínimo, pues destacó que estas empresas, que en su mayoría tienen entre 1 y 100 empleados, tal como lo estipula el decreto que dio paso al subsidio, podrían verse obligadas a hacer ajustes de gastos como reducción de personal.