La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles con 71 votos a favor un cambio a la Ley de Firma Electrónica para que las instituciones públicas que desean acreditarse como proveedoras de servicios de certificación presenten un plan de acción para indemnizar daños en caso de incumplimientos.
Se trata de una iniciativa impulsada por el presidente de la República por medio de la ministra de Economía, en el sentido se reforme el literal d) del Art. 43, de la Ley de Firma Electrónica.
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Posted by Asamblea Legislativa de El Salvador on Wednesday, August 24, 2022
"Rendir una garantía por un monto adecuado al riesgo asumido por la prestación de los servicios de certificación, otorgada por una sociedad autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero la que se calculará conforme a los requerimientos definidos en el reglamento de la presente ley", reza la propuesta de reforma.
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Además, detalla que para los efectos de tal ley se excluyen las garantías y los derechos reales que puedan constituirse sobre un bien mueble o inmueble determinado.
"Esta garantía será utilizada para indemnizar los daños y perjuicios que se ocasionasen a los usuarios de los servicios" dice el dictamen aprobado y agrega que " la garantía será revisada anualmente tomando en cuenta los cambios en el nivel de riesgo asumido por el proveedor de servicios de certificación".
La propuesta también plantea un cambio en el artículo 46 para establecer que el proveedor de servicios de certificación acreditado que inicie sus actividades deberá dar notificación de este hecho a la Unidad de Firma Electrónica".
El diputado oficialista, Samuel Martínez, expuso que la con las reformas representan respaldo a la ciudadanía "para que los proveedores puedan responder ante cualquier tipo de fraude" ya que se acortará los tiempos de muchos trámites.