El pasado 27 de julio, el juzgado Tercero de Familia de San Salvador, emitió sentencia a favor Aldo Peña, un hombre trans para que realice el cambio de nombre y adecúe el género en sus documentos, según su expresión de género. Es la primera vez que un hombre trans, es decir, una persona con un género distinto al de su identidad al nacer, recibe un aval para realizar ese cambio de identidad por vía judicial.
La búsqueda de este se debe a que las personas trans se ven obstaculizadas para tener acceso a derechos fundamentales, debido a la falta de concordancia de su expresión con sus documentos. A inicios de año, Bianka Rodríguez, mujer trans y activista por los derechos de las personas LGBTIQ+, se convirtió en la primera mujer trans en ser autorizada por vía judicial para realizar el cambio. Sin embargo, a Rodríguez únicamente se le aprobó el cambio de nombre y no de su género o sexo. El proceso que ella enfrentó duró casi dos años.
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En el caso de Aldo Peña, el proceso fue mucho más corto. La petición se realizó en marzo de este año, es decir, duró cuatro meses aproximadamente. Durante el proceso, Peña tuvo que realizar ciertos peritajes solicitados por el juzgador. Él asegura que no tuvo muchos problemas en esta etapa, donde realizó peritajes psicológicos, antropológicos y otros. “No tuve problema, no pasé discriminación”, explica Peña.
Sin embargo, la experiencia sí fue distinta con el peritaje ginecológico. “Para mí como hombre trans es bastante incómodo, ni visito esos lugares por no pasar esa vergüenza de ser llamado por el nombre femenino y que se nos atienda de la misma manera en la que se atiende a las mujeres cis género”, asegura.
Según el también activista, el peritaje fue hecho en el Hospital de la Mujer, por una ginecóloga que ya había sido elegida para realizar el proceso. “Antes de ingresar a la sala donde me iban a hacer la ultra, me colocaron una bata e hice fila con las demás mujeres. A esas mujeres hasta se les olvidaron los dolores que llevaban. Al verme a mí allí, con una expresión masculina se quedaron viendo, empezaron a hablar, a murmurar. En ese momento yo de verdad quería que me tragara la tierra, fue muy incómodo. Me gustaría que para próximos procesos se tomara en cuenta esto, que sean personas sensibilizadas las lleven el peritaje”, relata Aldo.
Peña asegura que la doctora “me dijo que yo jamás iba a dejar de ser mujer, así de claro, así de crudo. Gracias a Dios, yo soy una persona con un autoestima bastante alta, con amor propio, porque de no ser así yo hubiese podido salir de ese hospital a suicidarme, otra persona lo puede hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo tratamos a una persona en un estado de vulnerabilidad”, explica.
Necesidad de un marco legal
Para Kerlin Belloso, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), no hay actualmente un proceso establecido para estos casos. “La legislación actual no habla de peritaje porque no es una ley a favor de las personas trans. De ahí la importancia que se apruebe una ley de identidad que tome como base los parámetros establecidos por la Opinión Consultiva 24/17, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que este tipo de peritajes vulneran la integridad de las personas”, explica.
En El Salvador, las personas trans no cuentan con un proceso específico que garantice que pueden realizar este proceso de una forma segura, simple y accesible. En razón de esto, diversas organizaciones en favor de los derechos de personas LGBTIQ+ han demandado la aprobación de una Ley de Identidad de Género, que les daría una forma regulada de llevar a cabo este proceso y no exponerse a situaciones como la vivida por Peña.
A pesar de que las organizaciones han presentado en dos ocasiones anteproyectos de ley en la Asamblea Legislativa, hasta este día no ha habido muestra de querer discutirlo. La última propuesta fue introducida en agosto de 2021. A un año, las diputadas de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, no la han puesto siquiera en agenda.
A falta de la aprobación de la ley, Fespad ha presentado en juzgados de familia un total de ocho casos para el cambio de nombre. Hasta la fecha, cuatro de ellos han sido favorables, dos denegados (con petición de recursos) y dos más siguen en proceso. Este tipo de procesos se realizan por la vía judicial, mientras que lo que contempla la propuesta de ley es un proceso administrativo, es decir, que la persona trans no tenga que contratar un abogado y realizar ese proceso en los juzgados.