Jorge Alberto Herrera Castellanos se convirtió en el primer tesorero de Casa Presidencial en ser capturado por ayudar a los expresidentes Elías Antonio Saca González (2004-2009) y Carlos Mauricio Funes Cartagena (2009-2014) a malversar y blanquear fondos del Estado.
Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) informó de la captura de Daysi Armida Díaz Álvarez, quien fue tesorera institucional durante el quinquenio presidencial de Salvador Sánchez Cerén.
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Herrera Castellanos fue capturado a finales de octubre de 2016, al mismo tiempo que Saca González era arrestado por los delitos de casos especiales de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y peculado (apropiarse de fondos públicos), mientras que el empleado de Capres fue detenido bajo cargos de peculado y agrupaciones ilícitas.
Esa fue la primera acusación contra Herrera Castellanos.
Mientras estaba preso, procesado judicialmente, la Fiscalía también le formuló cargos, pero en esa ocasión por actos de corrupción en los que participó durante el mandato presidencial de Funes Cartagena, quien según la Fiscalía malversó 351 millones de dólares a través de mecanismos en los cuales Herrera Castellanos fue pieza fundamental para el desvío de fondos públicos que formaban parte del presupuesto de Casa Presidencial.
El desvío de fondos públicos en los períodos presidenciales de Saca González y Funes Cartagena (caso Saqueo Público) fue realizado, entre otras modalidades, a través de cheques bajo el concepto de “gastos operativos de la Presidencia”.
Luego de cumplir una condena de cinco años de prisión, Herrera Castellanos recuperó su libertad y en septiembre de 2021, compareció ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el pago de sobresueldos, para que detallara cómo Saca González y Funes Cartagena malversaron fondos públicos asignados a la Presidencia de la República.
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En esa comisión, Herrera Castellanos afirmó que tanto a Saca González como a Funes Cartagena les fueron emitidos unos 300 cheques a su nombre.
El 12 de septiembre de 2018, Saca González fue condenado a 10 años de prisión por delitos de corrupción mediante los cuales malversó 300 millones de dólares, tras haber admitido los delitos que le imputaban. En ese mismo proceso judicial, Herrera Castellanos fue sentenciado a cinco años de prisión.
En el caso del desvío de fondos públicos y blanqueo por más de 351 millones de dólares durante la administración de Funes Cartagena, Herrera Castellanos, junto a nueve imputados más, esperan la realización de la vista pública, luego de que a finales de julio anterior, el Juzgado Octavo de Instrucción determinara que había suficientes pruebas para que el caso pasara a juicio. Sin embargo, el extesorero se encuentra en libertad, bajo medidas sustitutivas a la detención.