La Sala de lo Constitucional ha declarado improcedente una demanda de amparo contra la Fuerza Armada y ha admitido una demanda similar contra el Fiscal General de la República por no haber investigado ni llevado a cabo “las diligencias necesarias para determinar las circunstancias relacionadas” con la desaparición de tres personas durante “lo que se denomina como la masacre de 1932”.
La admisión parcial del recurso de amparo presentada por familiares de Pedro Rodríguez Lúe, José Cruz Rodríguez y Juan Rodríguez fue notificada la mañana del martes.
La admisión se debe, según argumenta la Sala, a que “la Fiscalía General de la República omitió investigar dichos hechos pese a que han pasado 87 años desde que sucedieron y nunca se inició una investigación de los mismos pese a la trascendencia histórica para el país, pues implicó la desaparición y muerte de miles de víctimas pertenecientes a los diferentes pueblos indígenas en el país”.
Los demandantes argumentaron que "la matanza de 1932 fue ejecutada en el marco de una opresión hacia los pueblos indígenas que luchaban contra las políticas estatales orientadas a abolir su identidad, lo cual perduró durante décadas de marginación y negación de las prácticas relativas a su lengua y otras manifestaciones de su cultura".
Los demandantes dirigieron su reclamo a la Fuerza Armada, a la que atribuyen la desapareción de Pedro Rodríguez Lúe, José Cruz Rodríguez y Juan Rodríguez, y al Fiscal General de la República "por la omisión de investigar los hechos ocurridos en ese contexto".
En la demanda se afirma que "no solo incluye el caso particular de las tres víctimas determinadas", sino que se actúa en favor de "un sector de la sociedad que ha sido afectado y no es posible cuantificar", pues no se tiene el dato exacto de cuántas personas conformaban los pueblos indígenas en 1932.