Por El clamor popular por las detenciones arbitrarias de la excepción, la brutalidad de las llamadas “fuerzas del orden” y las condiciones de los detenidos en las cárceles parece haber llegado hasta Casa Presidencial. Los comisarios de la popularidad de Bukele han sacado al carcelero mayor para tranquilizar a la población. Sus explicaciones son tan irracionales que caen en el delirio. Según el funcionario de marras, no hay razones para la zozobra. “Las capturas no se realizan de forma ‘antojadiza’”, un centenar de operadores “perfila a los pandilleros” en “las bases policiales de inteligencia, centros penales y el ejército, así como la inteligencia del Estado”. Por tanto, “el 99 por ciento de los capturados” es pandillero. No proporciona detalles de este trabajo de “inteligencia”, porque son “técnicas que hay dentro de las estrategias de seguridad”, que caen “dentro de la confidencialidad”. El llamado es a confiar plenamente en Bukele.
El ministro de seguridad agregó luego que están revisando “el registro de todos los […] procesados […] que el sistema de justicia penal fallido y los jueces anteriores dejaron en libertad” en los últimos diez años. Así, pues, estos funcionarios del Ejecutivo no solo han anulado las sentencias de los jueces de la última década, sino también ya han sentenciado que “los pandilleros […] capturados durante el régimen de excepción jamás van a salir”. El reducido uno por ciento, “que se supone inocente, saldría libre”, en seis meses. No hay más justicia que la de Bukele, que actúa siempre correctamente.
Los familiares de los detenidos ya pueden descansar tranquilos, porque, según su carcelero, le “están entregando los medicamentos a los enfermos y […] tienen tres centros especiales de salud, destinados a los reos enfermos”. Así, pues, pueden tener plena certeza de que sus familiares están bien cuidados y seguros en las cárceles de Bukele. Los cadáveres que salen de ellas con frecuencia no deben sobresaltarlos, pues “son especulaciones” de algunos parientes y de algunas organizaciones de derechos humanos que “se están valiendo de esta situación para crear zozobra” y “desestabilizar una política de seguridad que beneficia al pueblo”, cosa que “no vamos a permitir”.
La apreciación del régimen de la excepción es tan positiva que ahora lo extenderán al transporte público. A los usuarios les pide comprensión por las “pequeñas molestias” que les causarán los soldados y policías cuando les pidan identificarse y los registren para capturar a “algunos ‘rateros’ o bandas que se dedican a robar o a hurtar” en ese medio de transporte. Otra vez, las apariencias y el capricho de los soldados y policías decidirán quién es ladrón. Además, verificarán “el orden en carreteras, que los conductores de autobuses y microbuses vayan en el carril derecho […] a la velocidad adecuada, que siempre piensen que tienen que dar un mejor servicio a los usuarios”. El almirante de blanco añade por su cuenta que “vamos a acompañar desde el punto de origen al punto de trabajo y viceversa. A cualquier hora que ande circulando un vehículo de transporte”.
Lo único claro es que las capturas masivas y arbitrarias se extienden de los vecindarios populares a los usuarios del transporte público (por lo general, la población de menores ingresos). Los ladrones de altos vuelos pueden continuar en el afán sin contrariedades. Lo demás son palabras fatuas. El régimen no posee personal ni capacidad para garantizar un transporte público seguro. Sus promesas son tan vagas que no ha determinado cuál es “la velocidad adecuada”. Mucho ha tardado en hablar de ordenar un transporte público caótico y corrupto. Pero es un hablar por hablar. Lo único en firme es la represión de los usuarios.
Es así como Bukele anuncia convencido que “la población honrada, […] por primera vez en décadas, puede sentir lo que significa vivir verdaderamente en paz”. Palabras necias. No se puede vivir “verdaderamente en paz” en medio de una guerra —“de gran magnitud”, especifica el vicepresidente—, aun cuando la vayan ganando. Si esa paz es real, el despliegue de decenas de miles de soldados y policías y la excepción permanente, ampliada al transporte público, son innecesarios. ¿Qué paz pueden experimentar los sobrevivientes de las masacres que aguardan justicia y los familiares de los desaparecidos?
La paz de Bukele es un privilegio de “la población honrada”, aquella que reside en colonias y pasajes de ingresos altos, y no usa el transporte público. La inmensa mayoría no vive en paz, porque es corrupta e indeseable. La paz de Bukele es clasista. Gozan de paz aquellos que han renunciado a pensar para que él piense, sienta y actúe por ellos. Viven en paz aquellos que han renunciado a su libertad y sus derechos ciudadanos con la expectativa de encontrar una vida superior. La paz de Bukele es la paz de la irracionalidad y la opresión, de la injusticia y las cárceles, de los corruptos y los serviles.
* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.