Desde noviembre pasado a la fecha, sin mayor explicación, la bancada de Nuevas Ideas ha paralizado la votación en la Asamblea Legislativa de al menos cuatro iniciativas promovidas desde el oficialismo.
Las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que pretendían ocultar datos públicos; la polémica propuesta de Ley de Agentes Extranjeros y la enmienda a la ley de Ocursos de Gracia, que se refiere a la amnistía, indulto y la conmutación de penas, se encuentran entre los dictámenes frenados a último momento para su aprobación en el pleno.
El hecho más reciente ocurrió en la sesión plenaria del pasado 12 de julio cuando Christian Guevara, jefe de la fracción legislativa cyan, pidió que se retirara de agenda la reforma a la Ley de Ocursos de Gracia, para que esta regresara a estudio de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
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Dicha mesa legislativa había acordado el 11 de julio modificar el artículo 13 de esa normativa, para excluir de los indultos a los condenados por corrupción, terrorismo, delitos relacionados con pandillas y crímenes de lesa humanidad.
“Con esta reforma vamos a reducir el catálogo de delitos que podrán ser indultados. Únicamente podrán ser objeto del estudio para la gracia del indulto, aquellos delitos considerados como menos graves para la sociedad”, explicó el diputado Samuel Martínez en esa ocasión.
En mayo pasado, la fracción legislativa de Nayib Bukele se retractó de ratificar un acuerdo comercial de alcance parcial entre El Salvador y Bolivia, el cual permitiría el intercambio de más de 200 productos provenientes de ambas naciones.
El dictamen fue acordado por la Comisión de Relaciones Exteriores el 27 d abril, sin embargo, a petición de la bancada oficialista esta fue retirada a último minuto de la agenda de la plenaria del 3 de mayo.
En esa ocasión, también el diputado Guevara solicitó sacar de agenda la propuesta justamente cuando era el punto a discutir, aunque no detalló qué motivó la decisión.
Polémicas reformas a la LAIP
Mientras, en la plenaria del pasado 1 de febrero, de forma abrupta, el oficialismo retrocedió en su intención de reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), para, entre otras cosas, declarar que la información oficiosa (la que todas las instituciones que manejan fondos públicos deben publicar sin que nadie la pida) se clasifique como reservada (secreta) cuando las instituciones consideren que cumple los requisitos.
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En ese sentido, entre los datos que podrían ser confidenciales están los viajes que realizan los funcionarios, las compras hechas con dinero público y que también sanciona a los particulares que divulguen datos clasificados como reservados.
La petición del retiro del acuerdo lo hizo de forma sorpresiva la diputada Marcela Pineda, quien pidió que este regresara a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que pudiera “seguir en estudio”.
La propuesta impulsada desde el Ejecutivo desde julio de 2021 ha sido criticada por parte de diputados de oposición, defensores del derecho de acceso a la información pública y sociedad civil.
Alerta y condena
La votación de la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros impulsada por el gobierno es otra de las que se encuentra pendiente en la Asamblea Legislativa, pese a que el 16 de noviembre de 2021 la Comisión de Relaciones Exteriores emitió un dictamen favorable al respecto.
El anteproyecto de ley establecía un impuesto del 40% y castigaría con cárcel a quien “contravenga el orden público”. Tras la controversia que causó la iniciativa, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, manifestó en una entrevista televisiva el 23 de noviembre que esta sería avalada hasta que haya consenso con el cuerpo diplomático.
El proyecto de ley ha provocado el rechazo de un sinfín de organizaciones e instituciones dentro y fuera del país, presión que logró que el gobierno pusiera una pausa a su aprobación dadas las voces de alerta y condena.