Con el número de capturas realizadas durante el régimen de excepción, El Salvador ocupa el primer lugar en el mundo, de la tasa de personas detenidas por cada 100,000 habitantes, aseguró Héctor Carillo, director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
La tasa de encarcelamiento en el país actualmente es de 1,317 personas en detención por cada 100,000 habitantes, aseguró Carrillo.
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Según datos públicos del portal World Prison Brief hasta el año 2020 la tasa de población penitenciaria en el país era de 564 por cada 100,000 habitantes.
World Prison Brief es una base de datos abierta sobre los sistemas penitenciarios en todo el mundo.
El especialista en temas de justicia y derechos humanos explica que estos datos revelan que con el régimen de excepción se ha duplicado el hacinamiento en población carcelaria en el país.
Carrillo explicó que se ha rebasado la capacidad carcelaria, debido a que antes del régimen había alrededor de 37,000 personas en prisión.
A estos se suman los 46,000 capturados dentro de las acciones del régimen hasta el 18 de julio. “Actualmente tenemos más de 83,000 personas privadas de libertad, mientras que la capacidad del sistema penitenciario es de 27,209, según datos del 2020”, agregó Carillo.
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El director de Acceso a la Justicia expuso que el hacinamiento es un parámetro para determinar si el sistema penitenciario cumple el rol que le asigna la Constitución: que las personas puedan incorporarse a la vida en sociedad al salir de prisión.
“Tenemos más de 83,000 personas en un sistema penitenciario que tiene capacidad solo para 27,209, insisto en esto, porque empezando por ahí el sistema penitenciario no podría cumplir su finalidad de adaptar a una persona, reeducar, generar hábitos positivos para que se reintegre a la vida en sociedad”, recalcó el especialista.
Pero además, Carrillo hizo el recordatorio que, sobre la situación del hacinamiento carcelario existe una resolución de la Sala de lo Constitucional emitida en 2016 que debe de cumplirse.
“La Sala le dio el mandato a varias autoridades gubernamentales para que revisaran la situación de hacinamiento y tomarán cartas en el asunto”, recordó.
“Las autoridades involucradas en relación con esa situación de hacinamiento presente en varias delegaciones policiales así como en centros penitenciarios, deberán realizar las actuaciones necesarias para hacer cesar la vulneración sostenida de derechos fundamentales de las personas que se encuentran en ellos”, se lee en la sentencia.
El mismo documento detalla que las autoridades que deberán trabajar para buscar una solución al problema del hacinamiento carcelario son: el director de la Policía Nacional Civil, el director general de Centros Penales, el ministro de Justicia y Seguridad, el fiscal general, el ministro de Salud, los jueces de vigilancia penitencia y la Asamblea Legislativa.
Pero además, la Sala ordenó que se establecieran audiencias de seguimiento para verificar el cumplimiento de la sentencia.
Carrillo hizo un llamado a los magistrados y magistradas de la actual Sala de lo Constitucional a realizar una audiencia de seguimiento, pues la función de la Sala es velar los derechos fundamentales de la población, recordó.
Para el especialista de Fespad es importante que “se estén cumpliendo los parámetros constitucionales y los criterios jurisprudenciales para evitar de que el sistema penitenciario deje de cumplir su rol y se convierta en un lugar donde se afecta de manera sistemática los derechos de la población, incluyendo los que han sido capturados sin tener vinculación con algún hecho delictivo.
Según datos de Cristosal, en lo que va del régimen de excepción ordenado por el presidente Bukele, han recibido un total de 2,426 denuncias por detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos.