El gobierno salvadoreño tiene que pagar en enero del próximo año un préstamo en bonos que asciende a $800 millones, una cantidad que según agencias de riesgo crediticio y de análisis financiero podría no pagarse a tiempo tomando en cuenta el elevado endeudamiento que tiene el país y sus limitadas alternativas de financiamiento. Por esa razón, el país es considerado actualmente el de mayor riesgo de un posible impago de su deuda.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se muestra despreocupado por este compromiso pues dijo que este es un monto "marginal" si se considera que el presupuesto general de la nación para 2022 asciende a $7,900 millones. Además se mostró confiado de que organismos multilaterales le otorguen financiamiento con el que asegura que se pondrá pagar esa deuda.
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""Tenemos todas las puertas abiertas de los organismos multilaterales para el financiamiento. El Banco Mundial nos acaba de aprobar un crédito de $100 millones, el BCIE nos dio un crédito de $220 millones. Todavía no hemos definido el financiamiento con el CAF. Puedo hacer una emisión interna, puedo ir al mercado regional de deuda, puedo emitir en Centroaméica un bono local a tres años. La verdad, $800 millones en un presupuesto de $7,000 millones es marginal, es pequeño", afirmó el funcionario al finalizar la presentación de supuestos nuevos casos de evasión fiscal ante la Fiscalía General de la República.
Zelaya insistió en que el gobierno salvadoreño no va a caer en impago. "En el presupuesto de un país no es que (los $800 millones) sea una obligación impagable o que nos genere una preocupación", agregó el funcionario.
Zelaya se mostró muy confiado del pago de este bono luego que el gobierno hizo oficial este miércoles su incorporación a la Corporación Andina de Fomento (CAF), con sede en Venezuela, un organismo financiero que podría prestarle hasta $1,840 millones después de haber suscrito la primera cuota de $460 millones en acciones, que tendrá que pagar a siete años plazo.
Una publicación del periódico digital El Faro sostiene que, de hecho, el préstamo con el CAF y otras medidas como la nacionalización de los fondos de pensiones de los trabajadores salvadoreños podrían ser esas opciones que la administración Bukele está barajando para evitar esta situación.
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El economista Rafael Lemus, dijo hace unos días que "es muy posible que el país logre pagar esa deuda", pero aclaró también que “eso no resolverá los problemas financieros del país”.
La deuda de El Salvador ya sobrepasa el 80% del PIB y su deuda en instrumentos locales como los Letes y los Cetes (Letras del Tesoro y Certificados del Tesoro) ya llegaron al límite permitido por ley (25% de los ingresos corrientes), y que equivale a $1,300 millones.