Los casos de funcionarios que incumplen con presentar su declaración patrimonial ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han incrementado, según un informe de Acción Ciudadana, que recopiló datos hasta el 7 de diciembre de 2021 de los gobiernos de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y parte del de Nayib Bukele, así como diversos periodos legislativos hasta el actual.
El estudio "Monitoreo sobre probidad en la función pública" presentado por la organización de la sociedad civil este jueves reveló que un total de 6,423 declaraciones patrimoniales relacionadas con funcionarios, empleados públicos y diputados estaban pendientes de ser entregadas a Probidad hasta dicha fecha de diciembre. Además, advirtió sobre la falta de capacidad que tiene la dependencia de la CSJ para cumplir con sus obligaciones.
"Observamos un incremento en los incumplimientos y eso preocupa, porque en lugar de los funcionarios y los empleados obligados a cumplir con la Ley de Enriquecimiento Ilícito, estamos viendo lo contrario. Hacemos un llamado a la Sección de Probidad para que tome cartas en el asunto, inicie los procesos sancionatorios correspondientes a aquellos funcionarios de legislaturas anteriores tal como de la actual o de los órganos Ejecutivo presente o pasado que no han cumplido con esta obligación ", destacó Eduardo Escobar, director Ejecutivo de Acción Ciudadana, entre las valoraciones sobre riesgos de corrupción que a su criterio representa el tema.
La investigación señaló que solo en la gestión de Sánchez Cerén correspondían 3,935 casos de servidores públicos del Órgano Ejecutivo, instituciones y autónomas, de los cuales en 2,125 los funcionarios no cumplieron con su obligación al inicio de su cargo y 1,810 no lo habían hecho al culminar el mismo.
Mientras, en la administración de Bukele, hasta el 7 de diciembre de 2021, 2,356 declaraciones de patrimonio no habían sido presentadas ante Probidad, de estas 1,632 en relación al inicio de funciones de los servidores públicos y 724 con el cese de estas.
En relación con la Asamblea Legislativa, el informe develó que en el periodo de 2015-2018 se registraban 45 diputados que no habían declarado su patrimonio ante Probidad, de estos solo dos que tenían cargo de propietario no lo hicieron al finalizar su gestión al igual que 41 suplentes, de estos últimos dos tampoco presentaron la documentación al iniciar sus funciones.
En ese periodo legislativo, Probidad solo impuso una multa por entrega extemporánea de la declaración, el monto fue de $200.
De la legislatura 2018-2021 se reportaron 60 diputados sin cumplir con dicha obligación, 18 de estos propietarios, que pese a que no cumplieron con la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos al cierre de esa gestión, algunos compitieron en las elecciones del 2021, lamentó René Valiente, Coordinador del Observatorio Ciudadano de la ONG.
"Es necesario establecer las reformas pertinentes para impedir que funcionarios que no cumplen con esta obligación se postulen a un cargo de elección directa e indirecta, habría que reformar la Ley de Partidos como el Código Electoral", apuntó Escobar, por su parte.
Durante la Asamblea actual, 11 diputaciones propietarias y 16 suplentes no habían entregado hasta el 7 de diciembre su declaración patrimonial de inicio en su cargo. La mayoría de estos correspondía a Nuevas Ideas, seguido por ARENA y GANA.
Multas débiles
Valiente cuestionó que la última multa que se impuso por parte de Probidad a funcionarios fue en 2018, "no tenemos datos que entre 2019 y 2021 hayan sido impuestas multas por incumplimiento en ese tipo de obligaciones", señaló.
Planteó que entre 2014 y 2018 la Corte Suprema impuso en concepto de multa un promedio anual de $12,265.60 y el promedio de cada una fue de $213.68.
"Los montos no son lo suficientemente altos como para servir de disuasivo, particularmente así lo consideramos, en comparación con el salario que reciben los funcionarios", criticó.
Carga laboral
Acción Ciudadana alertó que la carga laboral por el escaso personal con el que cuenta Probidad podría incidir, también, en la capacidad y el tiempo que esta tiene para poder iniciar los expedientes por indicios de enriquecimiento ilícito, pues solo cuenta con 22 empleados .
"Vemos que en promedio, el personal de Probidad que se dedica a la revisión de las declaraciones presentadas por servidores públicos tiene que tramitar, verificar, revisar actos de investigación sobre 445 declaraciones al año cada uno, con años que representan picos importantes, como por ejemplo en 2015 que fueron 988 por empleado y el 2018 que fueron 492", explicó
De acuerdo con el informe, el 62% de los expedientes abiertos en Probidad, es decir, 318 , ya habían cumplido con el plazo constitucional "de prescripción de 10 años para acción civil".
Regular uso de bienes con Bitcoin
Escobar mencionó entre las conclusiones del informe que en el marco del uso del Bitcoin, como moneda de curso legal en el país, "se analice el marco legal a efecto de considerar los incrementos particulares de funcionarios que han adquirido" criptoactivos.
"No sabemos si la Corte Suprema, particularmente la Sección de Probidad, tiene la capacidad de los funcionarios que valoren su patrimonio que puedan tener en activos digitales, Bitcoin", manifestó.