En 2014 el presidente Nayib Bukele se reunió con activistas de derechos humanos de las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Personas Trans, Intersexuales y otras identidades sexuales y de género (LGBTIQ+), con ellos afirmó querer “estar del lado correcto de la historia”, haciendo referencia que la lucha de los derechos civiles del momento son los de la comunidad LGBTIQ+.
Para Amalia Darien, activista por los derechos humanos, el presidente Bukele está muy alejado de lo que dijo en 2014 en la reunión con los defensores de la comunidad LGBTIQ+, “Nayib Bukele nunca ha sido aliado, solamente ha sabido adaptarse a los contextos políticos que le ha tocado vivir”, expresa.
Amalia dice que la población LGBTIQ+ le exige a la actual gestión que respete el Estado de Derecho, que respete la democracia y la separación de poderes, “Que sea una gestión transparente, con rendición de cuentas, en donde los sectores de la sociedad civil puedan participar activamente y que legisle para todos los ciudadanos”, afirma.
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Nayib Bukele en un encuentro activistas de derechos humanos de las personas LGBTIQ+ afirmó ser aliado de la comunidad pero durante su gestión se cerraron varios espacios que trabajaban por la inclusión social. Video EDH / Graciela Barrera. Ilustración / Rafael Martínez
Según el informe de Cristosal Democracia y derechos humanos LGTBIQ+ a 3 años de gestión presidencial, existen una serie de decisiones que se han tomado bajo el gobierno actual que han significado un retroceso importante en los derechos humanos de la población salvadoreña LGTBIQ+.
En junio de 2019 se cerró la Secretaría de Inclusión Social y se adhirió la Dirección de Diversidad Sexual al Ministerio de Cultura. Decisión que fue criticada por algunos activistas en ese momento porque, para muchos defensores de derechos humanos, el tema debía ser visto de una forma más integral en donde se deben incluir diferentes ramas del Estado, no solo una.
En el mismo año surgieron muchos discursos de odio de varios funcionarios públicos. Además, había una falta de apertura del Ministerio de Educación para responder demandas de la población LGTBIQ+.
Cristosal solicitó información al Ministerio Público, con ella, constató que la única institución que registra la variable de persona trans, cuando reporta a una persona desaparecida es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), las otras reportan a las personas desaparecidas con su nombre legal.
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Con la llegada de la pandemia en 2020, la población LGBTIQ+ quedó todavía en mayor desprotección. Según el informe de la PDDH, COVID-19 y Derechos Humanos en El Salvador, ni las autoridades de seguridad pública, protección civil y salud, contaban con protocolos o directrices específicas para atender a las personas de este colectivo.
Durante el mismo periodo, incrementaron las agresiones físicas y sexuales en contra de las personas LGBTIQ+. Según el Informe Nacional de El Salvador del 2020 de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH), el 86.3 % de las personas encuestadas fueron victimas de vulneración a sus derechos.
El mismo estudio confirma que durante el período de confinamiento, las mujeres trans fueron violentadas en mayor parte por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Por otro lado, durante la cuarentena “el 40 % de las mujeres trans encuestadas manifestó haber sido víctima de algún delito, y que el delito del cual mayormente fueron víctimas, fue el de amenazas”. Esto también conllevó a que la población LGBTIQ+ fuera víctima de desplazamiento forzado interno.
En 2021, la comisión de la Mujer, en su mayoría conformada por diputados del partido oficialista, Nuevas Ideas, envió al archivo la Ley de Identidad de Género, junto a otros 29 expedientes que se encontraban pendientes de estudio por considerarlos obsoletos y no acordes a la realidad. Decisión que fue condenada por la Mesa Permanente por la Ley de Identidad de Género, que está constituida por siete organizaciones defensoras de derechos humanos de la población LGBTI.
Según Cristosal y datos de organizaciones LGBTIQ+, solo tres de aproximadamente 600 transfeminicidios ocurridos desde 1992 han sido judicializados.
En 2022, el Ministerio de Trabajo cerró oficialmente la Mesa de Trabajo LGBTIQ+, alegando no tener competencia en el tema. Además, durante el régimen de excepción, Cristosal ha recibido denuncias de vulneración a derechos cometidas contra 18 personas de la comunidad LGBTIQ+, víctimas de agentes de la PNC y la Fuerza Armada (FAES).