“Estoy seguro de que en esta vorágine en la que nos hemos metido habrá muchos jueces prevaricadores que están resolviendo de manera contraria a la ley basado en el miedo a ser trasladados o a ser destituidos del cargo”.
Con esta contundente frase, el otrora magistrado de la Sala de lo Constitucional advirtió que en el marco del régimen de excepción, prorrogado anoche por tercera vez por la Asamblea Legislativa, muchos jueces están ordenando prisión provisional a personas contra las que no hay pruebas de que hayan cometido el delito del que la Fiscalía los acusa.
Blanco dio estas declaraciones ayer por la mañana en entrevista brindada a la radio YSUCA.
El exmagistrado explicó que el juez debe ser un funcionario técnico y respetuoso de los derechos. “Si tiene que sancionar a 60 años de prisión a una persona tiene que hacerlo, está obligado a hacerlo; si tiene que privar de libertad en detención provisional a alguien, porque hay elementos suficientes que así lo demuestran, tiene que hacerlo.Pero si no existen elementos (de prueba) el juez no puede cometer prevaricato y dictar órdenes de detención provisional”, agregó Blanco.
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Sobre si había necesidad o no del régimen de excepción tras la racha de homicidios ocurridos entre el 25 y el 27 de marzo, Blanco recordó que El Salvador ya contaba con leyes para frenar esa racha de homicidios y castigar a los culpables.
“Yo creo que el país cuenta desde hace mucho tiempo con herramientas jurídicas suficientes para enfrentar la criminalidad tenemos un proceso penal moderno democrático que recoge todos los principios para juzgar y sancionar a los responsables de hechos delictivos”, explicó para luego recordar las leyes a las que hizo referencia: la Ley contra el crimen organizado, la Ley antipandillas, la Ley para las intervenciones telefónicas; y la Ley para regular el delito de extorsión.
El jurista considera que “la Fiscalía cuenta con las herramientas permitidas para investigar y aportar pruebas, recoger pruebas y aportarlas al proceso; es decir, se cuenta con las herramientas suficientes de cualquier Estado de Derecho, y la tecnología suficiente para enfrentar la criminalidad”.
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Blanco considera que, cuando se hizo, “no era indispensable” aprobar el régimen de excepción. Pues “las capturas (de pandilleros) se pueden realizar también con las herramientas que he dicho, toda vez que hayan elementos de prueba”. Desde su punto de vista, “el régimen de excepción suele ser un gran paraguas que permite las violaciones a los derechos humanos, arbitrariedades por parte de las autoridades y el irrespeto del debido proceso”.