Cristina dice que tuvo que sacar a su hijo Alberto hace 10 años hacia Estados Unidos. Amenazas por parte de los pandilleros fueron el detonante para que la familia decidiera que él abandonara el país.
El joven había emigrado desde Ilopango hacia Estados Unidos sin papeles, como lo hacen cientos de salvadoreños empujados que huyen del acoso de las pandillas.
“Todo empezó cuando él tenía 18 años. Ya habían amenazas por parte de las pandillas para que el ingresará y él se negaba porque nunca le gustó eso. Un día mi hijo estaba jugando en la cancha junto a dos compañeros de escuela. Ahí llegaron los policías y se los llevaron junto a otros dos pandilleros y los acusaron de asociaciones ilícitas, cuando no tenían ninguna relación. A los 3 días salieron libres porque no encontraron nada. Pensamos que ahí se había acabado todo, él era inocente y nada debía; por eso había quedado libre”, asegura Cristina.
Pero las amenazas continuaban por parte de los pandilleros de la zona: “Nosotros como familia teníamos tanto miedo por todo lo que estaba pasando, que por esas razones decidimos que lo mejor era que se fuera. Con un gran sacrificio pagamos para que saliera fuera del país y lo logró”.
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Alberto vivió más de 6 años en Estados Unidos, tenía dos trabajos y estaba contento por tener una vida plena: ayudaba a su familia cumpliendo el anhelado sueño americano. Un día sufrió un accidente que lo dejó en coma por varios días y al despertar ya no era el mismo.
“Tiene problemas mentales y ya no se pudo recuperar. Pasó un tiempo solo allá, pero su condición mental se lo impedía; perdió sus trabajos, por lo que decidimos que lo mejor era que se regresará al país de nuevo”, afirma su madre.
A los pocos días de regresar, la familia notó que la situación era más compleja de lo que se imaginaban, por lo que con gran esfuerzo han sacado adelante la condición médica de Alberto. “El recibe asistencia médica, está con psicólogos y medicamentos, ha sido difícil. Unos días está bien, otros días no, pero así hemos salido adelante”, agrega Cristina.
Cuatro años han pasado desde que Alberto retornó de forma voluntaria al país y, desde entonces, su familia cuida de él. Su madre asegura: “Hay días en los que tiene crisis y ha llegado hasta a atentar contra su vida. Como familia es muy doloroso, porque sabemos que a él le afecta mucho, sus medicamentos son bien fuertes, hay días que prácticamente los pasa sedado”.
El 15 de abril, después de regresar de un paseo familiar, llegaron a tocarles la puerta. Cristina preguntó “¿quién es?”, y al otro lado respondieron policías. Cristina abrió la puerta y le preguntaron cuántas personas vivían en su casa; a lo que ella respondió que 5: 4 adultos y un menor de edad.
Cristina recuerda: “Una mujer policía agrega que si habían hombres en la casa, sin ningún miedo o algo, yo respondí que si, mi hijo; ella me pregunta cuántos años tiene y yo le respondí que 28 años. Me dijo que saliera y yo le hablé a mi hijo, cuando él salió le dijo dame tu DUI y mi hijo se lo entregó”.
Tras revisar el cuarto de Alberto y toda la casa, Cristina recuerda cómo la mujer policía le preguntaba a su hijo si él tenía tatuajes y agrega que cuando él estaba en Estados Unidos se había hecho dos, entre ellos el nombre de su padre. Los tatuajes no tenían nada que ver con pandillas y la policía le insistía si tenía tatuajes de pandillas y mi hijo le respondía no, y ella le decía si te reviso todo estás seguro que no te encuentro tatuajes de pandillas y él muy seguro respondía que no”.
Cristina añade que después de unos minutos otro policía llegó y le dijo su hijo “te vamos a llevar arrestado por que nos apareces en el sistema que ya estuviste preso por Agrupaciones Ilícitas”.
Lo que hace 10 años había vivido Alberto lo estaba volviendo a vivir. “Tenemos la orden de arrestar a todos los que hayan estado presos antes, por lo que sea, detenerlos en vías de investigación. Si él es inocente en 15 va a salir”, recuerda que le dijeron.
Según el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, desde el 27 de marzo pasado, cuando fue ordenado el régimen de excepción, 41,846 personas han sido capturadas.
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“Hasta la fecha sólo sabemos que mi hijo está en el penal de Mariona. Tenemos miedo porque, según la doctora que ve su tratamiento, el medicamento es muy fuerte y no sabemos si come o si está para aguantarlo; pero también me preocupa que por su condición mental pueda atentar contra su vida, es un dilema muy fuerte”, añade.
La situación dentro de las cárceles, donde los presos están hacinados, mal alimentados y sin adecuada asistencia médica, como lo ha advertido el doctor Ricardo Lara, está a punto de generar un problema de salud pública grave, pues enfermedades como la tuberculosis, el sarampión y otras pueden causar mortandades dentro de los penales.
El fiscal general aseguró que durante el régimen de excepción a cada detenido se le ha garantizado el derecho a la defensa. “Estamos tratando de garantizar, en la medida de lo posible, los derechos humanos de cada detenido”, dijo el fiscal.
Esto contrasta con las denuncias de abusos y capturas arbitrarias realizadas por organizaciones civiles y organismos internacionales.
El informe de Cristosal “Violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador”, señala que han identificado patrones sobre violaciones al derecho del respeto a las garantías judiciales, las cuales implican, en la práctica, la anulación del ejercicio del derecho a la defensa.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, advirtió recientemente que pretende encarcelar a 80,000 pandilleros que operan en el territorio salvadoreño y que “no descansarán hasta detener al último de ellos”.
Hasta el jueves la Policía había capturado a 41,846 personas acusadas de pertenecer a pandillas desde que comenzó el régimen de excepción, en medio de una situación donde están suspendidos derechos constitucionales de los salvadoreños como el de reunión y asociación y permite violar las comunicaciones y mantener detenidos a los capturados hasta por 15 días sin que un juez vea si hay pruebas contra ellos.