Para beneficiar al sector de los veteranos de guerra, la Asamblea aprobó de forma exprés el martes 14 de junio de 2022, reformas a la Ley Especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN.
Una de las enmiendas es que los ex combatientes y ex militares podrán acceder a líneas de crédito de corto, mediano y largo plazo, con fondos otorgados por el Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos, a través de un Fondo Rotativo inicial de $5 millones con recursos provenientes del Presupuesto General del Estado.
El decreto expresa que los préstamos podrán ser usados para iniciativas productivas, vivienda, consumo y otras que se ajusten a las necesidades de los beneficiarios de la ley. La promesa es que el Instituto solo les cobrará intereses que abarquen por lo menos la tasa de inflación anual; sin embargo, los beneficiarios de los créditos “podrán autorizar al Instituto para que de sus pensiones se les descuente hasta un cincuenta por ciento, en concepto de pago para créditos”.
Adicionalmente, también podrán autorizar otros descuentos de acuerdo a la disponibilidad de su pensión.
Pero es el caso que actualmente los veteranos de guerra solo reciben $100 mensuales en concepto de pensión, a pesar de que el Art. 5 de la Ley de Veteranos vigente desde 2019 dice que el gobierno les entregaría como máximo $300 al mes.
Esto implica que si un veterano decide acceder a una línea de crédito otorgada por el gobierno a través del Instituto, podría comprometer la mitad de su pensión.
“La entrega de la pensión será mensual y en el marco de la progresividad no podrá ser mayor de $300, se otorgará de forma gradual y dentro de las posibilidades financieras del Estado de manera que las asignaciones presupuestarias correspondientes registren incremento en cada ejercicio fiscal”, reza la ley en vigor.
La gradualidad en el aumento de la pensión prometida a los veteranos desde 2019, refleja solo un incremento de $50 en ese año, es decir, van casi 3 años sin que ese sector vea una mejoría en su prestación.
Aunque el presidente Nayib Bukele fue quien incrementó la prestación de $50 a $100 en octubre de 2019, esta asignación presupuestaria no fue incluida en el gasto de la Nación de 2020. El FMLN aprobó un decreto transitorio para que el pago fuera efectivo.
"En honor a los veteranos/as aprobamos un transitorio para corregirle la plana al Gobierno de Bukele, para que se garantice una pensión de $100. Este transitorio es necesario ya que el presupuesto enviado por el Gobierno no incluyó incremento de fondos para veteranos", dijo en diciembre de 2019 la exdiputada Yanci Urbina, quien falleció en los últimos días.
En septiembre de 2021, Los veteranos y excombatientes de guerra marcharon a Casa Presidencial para entregar una carta en la cual pedían al presidente Bukele, incrementar la pensión de $100 a $150 mensuales a partir de 2022.
El coordinador del Comité de Veteranos de la Fuerza Armada, José Antonio Amaya, dijo en ese momento que también se incorporaran dentro de los beneficios a los pensionados del IPSFA que reciben solo 30 dólares de pensión, los del Fondo de Protección y otros 50,000 que no han podido ser registrados.
Pero en las reformas recientes aprobadas por la Asamblea, se depuró el padrón de beneficiarios limitándolos únicamente a los registrados por la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, por el Ministerio de Gobernación y en la nómina que elaboró la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL).
En febrero de 2022, los veteranos volvieron a ir a Casa Presidencial, esa vez para exigirle a Bukele que cumpliera con su promesa de mejorarles la pensión, pasándola de $100 a $300, como lo establece la ley vigente.
En las modificaciones aprobadas por la Asamblea, el Instituto de Veteranos, además de convertirse en un ente financiero, también se le faculta para volverse un centro médico, al autorizarlo para comprar insumos médicos, maquinaria y equipo médico, biomédico, equipo de apoyo médico e insumos farmacéuticos, medicamentos en general, así como contratar a las personas idóneas para la prestación de servicios sanitarios, con el objeto de reforzar los convenios que realice con instituciones públicas o privadas para prestar el servicio de salud a los veteranos “o brindar la atención directamente”, dice la reforma al artículo 6 de la ley.