Un total de 46 inmuebles de los imputados en el feminicidio de Flor García Valladares quedaron sin efecto de inmovilización por orden del Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Cojutepeque.
Según consta en la resolución, la Fiscalía incumplió el plazo de 10 días hábiles, a partir del 25 de abril de este año, para solicitar la inmovilización de los bienes, vehículos y cuentas bancarias de Joel Omar Valle Leiva y Francisco Boanerges Valle Quezada.
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“Al no haber justificación alguna para seguir afectando los derechos constitucionales de los referidos encausados, por ende, será procedente dejar sin efecto la inmovilización realizada por la representación fiscal”, argumenta la jueza en la resolución.
La resolución se da pocos días antes que se realice la audiencia preliminar en contra del esposo de la víctima, quien es procesado por el delito de feminicidio agravado, y el primo de este acusado por encubrimiento.
Flor García fue reportada como desaparecida el 16 de marzo de 2021, su esposo Joél Omar Valle Leiva dijo a las autoridades que ella había salido desde Cojutepeque a San Salvador para comprar unos insumos médicos y ya no regresó.
Más de tres meses después las autoridades capturaron a Valle Leiva como el principal sospechoso de su desaparición, tras la captura el hombre confesó que había matado a su esposa y había tirado el cuerpo en un botadero de ripio en el mismo municipio.
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El cuerpo de Flor fue encontrado sepultado bajo una gran cantidad de ripio y basura. En el lugar, las autoridades encontraron la vestimenta que la joven llevaba el día del feminicidio.
Para la búsqueda, la Policía Nacional Civil contó con la ayuda del agente canino Furst, entrenado para localizar restos humanos.
Para poder recuperar los restos de la víctima, las autoridades tuvieron que remover 700 metros cúbicos de ripio y basura acumulada durante tres meses, para ello fue necesario el uso de dos retroexcavadoras.
Francisco Boanerges Valle Quezada, primo de Joel Valle, enfrenta la justicia en libertad después que en julio del año pasado la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer le decretó medidas sustitutivas a la detención.
Asimismo se le cambió el delito de cómplice necesario de desaparición de personas a encubrimiento.