Para algunos especialistas en educación, representantes de gremios de docentes y de colegios privados , la propuesta de Ley “Crecer Juntos, para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia” no trae ninguna novedad para ese sector y se muestran poco optimistas de que su contenido, tal como está consignado, realmente se lleve a la práctica en beneficio de los estudiantes y docentes.
El doctor Óscar Picardo Joao, director del Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación (ICTI), de la Universidad Francisco Gavidia, sostiene que una de las conclusiones a la que llega luego de leer el documento es que se trata de la misma Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina) con algunas modificaciones de forma y de fondo.
Te puede interesar: Ley Crecer Juntos sustituirá la Lepina y Ley de Salas Cuna
“Es una ley que está llena de enunciados de buenas intenciones, pero que al final no tiene dientes que impliquen cambios reales (en educación”, afirma.
Según indica Picardo Joao, a pesar de que se habla que la educación deber ser gratuita, obligatoria, de calidad, al final eso queda como un enunciado, si por ejemplo no se aplican medidas como el condicionar el acceso al DUI o a subsidios para asegurar que los padres de familia matriculen a sus hijos en las escuelas.
Picardo Joao insiste en que esta ley es “el típico discurso de tenemos que ofrecer una educación de calidad, competitiva, pero al final no digo cómo”.
El profesor Daniel Rodríguez, secretario general del sindicato de profesores Simeduco, asevera también que “en realidad cosas nuevas no se le ven (a la ley); son abordajes que se han tomado en cuenta anteriormente, o por lo menos de las que se han dicho en algunos programas o planes educativos y todo está basado en la Constitución (de la República)”.
Rodríguez incluso advierte que la mayoría de las cosas que la Ley “Crecer Juntos, para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia” expone para el ámbito educativo ya están plasmadas en la Ley General de Educación, pero estas nunca se han cumplido porque los gobiernos, incluido el actual, no han asignado fondos suficientes para que ya fueran realidad.
Te puede interesar: Despacho de la Primera Dama presenta en la Asamblea el proyecto de ley Crecer Juntos
“El problema aquí es de dinero, el papel aguanta con todo. A la ley pueden ponerle un montón de cosas bonitas, pero lo importante y que nosotros como sindicato quisiéramos que se garantizara es que esa (nueva) ley fuera operacional”, indica.
El dirigente sindical, quien además funge como director de un centro escolar de Panchimalco, al sur de San Salvador, hace notar que en el artículo 47 dejaron de lado especificar la obligatoriedad de la educación superior, lo cual implicaría que los gobiernos tendrían que inyectar un presupuesto significativo a la Universidad de El Salvador para garantizar la gratuidad en ese nivel.
“Nosotros siempre hemos dicho que la educación es la que menos les interesa a los gobiernos en turno, que la población se eduque y es porque les conviene tener adormecida a la gente”, insiste.
Rodríguez recuerda cómo el Consejo Nacional de Educación, instancia creada e impulsada en la administración de Salvador Sánchez Cerén, emitió buenas recomendaciones para mejorar la calidad de la enseñanza, las cuales implicaban invertir $1,200 millones al año en educación; pero, a la larga, estas en su mayoría no se atendieron.
La propuesta de la ley “Crecer Juntos, para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia” enuncia que se deben llevar a cabo acciones para evitar problemas de violencia en las comunidades educativas, incluyendo el bullyng y el ciberacoso entre escolares.
Te puede interesar: Presidenta de Comisión de la Familia anuncia que estudio del Proyecto de “Ley Crecer Juntos” será maratónico
Javier Hernández Amaya, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES), externa que si esta ley, tal como está escrita, se aprobara y aplicara, podría decirse que estamos iniciando la gran transformación en materia de convivencia en los centros educativos públicos y privados; no obstante, tiene sus reservas al respecto.
“Hemos tenido la experiencia de que se han elaborado leyes que tenemos a la vista pero que por falta de recursos no han cobrado vida todas esas letras”, subraya, aludiendo a la Lepina, que mandata atender las necesidades educativas de los infantes en situación vulnerable, entre ellos los que requieren educación especial, como autistas.
Uno de los puntos que llaman la atención de Hernández es que en la nueva ley se establece garantizar una oferta educativa que considere modalidades flexibles y horarios que faciliten a los niños, niñas y adolescentes la realización de su proyecto personal de vida, especialmente los que están en condición de vulnerabilidad, lo cual supone establecer una programación distinta. No obstante, advierte que eso desde el principio requerirá que se consulte a quienes trabajan en las escuelas y colegios.