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¿Vamos bien?

Los ciudadanos aplauden al Ejecutivo por haber ordenado una “guerra contra las maras”, pero no pueden ver el sufrimiento humano intrínseco y la criminalización de jóvenes que son apresados por el solo hecho de vivir en zonas de riesgo, para luego ser lanzados a malolientes mazmorras

Por Maximiliano Mojica
Abogado, máster en leyes

Las encuestas son una herramienta útil para medir la percepción que tiene una colectividad más o menos amplia de personas (dependiendo de la amplitud de la muestra). Sus resultados nos pueden dar una idea más o menos acertada sobre lo que se percibe sobre las virtudes o defectos de una marca, de un producto o de la situación de la situación de un país.

En días anteriores, prestigiosas universidades y un periódico llevaron a cabo encuestas ciudadanas que incluían diversas preguntas para asignar una calificación sobre el actual presidente del país, Asamblea Legislativa, así como a su desempeño respecto a temas sensibles como salud, seguridad y rumbo del país.

En términos generales, las calificaciones reflejadas en las encuestas fueron bastante favorables al actual desempeño de los diversos funcionarios del partido Nuevas Ideas, con lo cual el pueblo les dio un espaldarazo y un claro mensaje: ¡vamos bien!... pero, más allá de lo que el pueblo pueda evaluar, es relevante hacernos esa incómoda pregunta: ¿en realidad, “vamos bien”?

Iniciaré un ensayo de respuesta aclarando algo: la democracia es, por mucho, el mejor de los regímenes políticos al que los pueblos que se consideren libres puedan tener acceso. No obstante, los procedimientos democráticos, reflejados en una respuesta ciudadana, no son aplicables a todas las situaciones. Por ejemplo, el rumbo correcto de un avión no dependerá de la opinión mayoritaria de todos los pasajeros; el rumbo a tomar depende de la necesaria opinión de una sola persona con la capacidad técnica para emitirla: el piloto.

Partiendo de ese ejemplo, creo que situaciones complejas como la situación fiscal que atraviesa el país, su nivel de polarización política, su salud republicana y democrática, el imperio del derecho, son, entre otras cosas son, a la vez que temas sofisticados, aspectos que no necesariamente depende de la opinión de un conjunto de ciudadanos -por muy amplia que sea la muestra-.

Al común de las personas se le escapa que Catalino Miranda fue encarcelado por una mera falta administrativa y sus activos (buses) han sido claramente confiscados y obligados a operar sin ingresos, lo cual equivale a imponer una pena confiscatoria claramente prohibida por la Constitución. Pero lo único que pueden ver los ciudadanos, es que ahora pueden circular por esas rutas de buses… “gratis”.

Se maravillan ante el Hospital “Chivo Pet”, pero nadie es capaz de analizar la contradictoria versión que este fue construido con las “ganancias generadas por los Bitcoin” comprados sin control por el presidente, cuando ahora esa criptomoneda ha perdido su valor y generado más de treinta millones de dólares en pérdidas. Aunado al hecho de que la billetera Chivo no solo ha sido un rotundo fracaso operativo y comercial sino que ese experimento ha sido financiado con fondos públicos. Pero lo que los ciudadanos alcanzan a ver es que les regalaron $30 para “bajar” la aplicación y que ahora pueden llevar sus mascotas a un hospital barato… aunque les dejen la cita para dentro de seis meses.

Los ciudadanos aplauden al ejecutivo por haber ordenado una “guerra contra las maras”, pero no pueden ver el sufrimiento humano intrínseco y la criminalización de jóvenes que son apresados por el solo hecho de vivir en zonas de riesgo, para luego ser lanzados a malolientes mazmorras a donde “no ven el sol” y comen salteado. Los ciudadanos no se preocupan de los derechos humanos pisoteados por esa salvaje represión, limitándose a regodearse en los actos de sangre del gobierno que satisfacen sus bajos instintos de venganza contra los que consideran -sin prueba y sin debido proceso- como terroristas y criminales.

Existe una clara correlación estadística entre “aprobar y dar buena nota” al gobierno de Nuevas Ideas, con niveles bajos de educación y escolaridad. Es decir, entre menos educado es el entrevistado, más dispuesto se encuentra en otorgar una buena nota al gobierno de turno y más fácil se le impresiona por sencillos actos de clientelismo político como la entrega de bolsas solidarias o entrega (sin control ni supervisión) de $300 en efectivo.

Estemos claros: ser popular no significa ser eficiente en lo que se hace; tampoco respetar la Constitución y la ley; ni siquiera por administrar decentemente un país; se basa en la simple percepción generada por un eficiente marketing político, lo cual, con mucho, es el verdadero fuerte del gobierno de Nuevas Ideas.

Pero lo anterior no es algo nuevo ni debe sorprendernos: no en balde el ex presidente, ahora asilado en Managua, terminó su mandato con un sobresaliente 78% de aprobación a su gestión.

Abogado, Master en Leyes@MaxMojica

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