Los precios de los alimentos contenidos en la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como de otros no incorporados en la misma, así como otro tipo de productos continúan al alza, lo que ha impactado con fuerza en los salvadoreños y más a quienes ganan el salario mínimo, informó este miércoles el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC).
Según un informe presentado por el CDC, a partir de mayo de 2021, El Salvador se ha visto sumido en una escalada alcista de los precios de los alimentos, por lo que “existe una contracción de compra de los alimentos, ya que 3 de cada 10 salvadoreños han dejado de consumir productos alimentarios específicos contenidos en la CBA, oscilando la reducción entre un 20.9% a un 53.6%”.
La Canasta Básica Alimentaria está compuesta por 22 alimentos. En el periodo de enero 2021 a marzo 2022, la población pasó a pagar $21.71 más en el área urbana y $16.65 en el área rural por el costo de estos mismos alimentos.
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El CDC explicó que “al comparar el salario mínimo $365.00 ($327.59 con descuentos de ley) y $243.47 ($218.52 con descuentos de ley) del sector comercio y agropecuario respectivamente, respecto a la CBA, se podrá evidenciar que ni tan siquiera se alcanzan a comprar esos 22 alimentos, debido a que el consumidor tiene que priorizar otros gastos en pagos de: agua, electricidad, transporte público, telefonía, gas, impuestos municipales, vivienda, entre otros gastos esenciales”.
Un estudio realizado por el CDC en el 2019 determinó que el costo de vida de los salvadoreños era de $706.00, más del doble del salario mínimo en ese año, e incluso ahora.
Según detalló Danilo Pérez, director ejecutivo del CDC, las proyecciones no son nada alentadoras para este 2022, ya que El Salvador no ha escapado a la escalada inflacionaria en los costos de bienes y servicios que afecta al mundo y uno de los puntos más preocupantes es que una gran sector de la población no podrá “comer bien”.
“El país ocupa el tercer lugar de los países de la región centroamericana con la inflación más alta. Los precios continuarán incrementándose y, consecuentemente, el consumidor perderá más su poder adquisitivo, sacrificando así comer bien, por lo que igual continuarán estando en situación de inseguridad alimentaria”, lamentó Pérez.
La desigualdad en El Salvador
Según datos recopilados por el CDC, en El Salvador, la desigualdad social y económica muestra una “moneda con dos caras”. Por un lado, entre 2015 y 2019, el número de personas “ultras ricas”, es decir, con más de $5 millones de dólares de patrimonio neto, aumentaron de 100 a 110 personas. Para 2019, este grupo acumulaba un total de $8.9 mil millones.
“El otro lado de la cara de la moneda muestra que la pobreza se incrementó en el país, ya que 72,686 nuevos hogares cayeron en condición de pobreza extrema y se sumaron a los 87,372 que ya existían en el 2019. Además 24,983 cayeron en pobreza relativa de los 354,975 en el mismo periodo.
“Es decir, el país continúa en un modelo donde la pobreza se socializa y la riqueza, se individualiza. Entre los meses de marzo a mayo de 2022, se calculaba que 900 mil personas salvadoreñas estarían en crisis o emergencia alimentaria, proyectándose que los departamentos mayormente afectados serían Ahuachapán y Morazán, los cuales estarían en condición de crisis alimentaria aguda”, agregó Pérez.
Medidas más eficientes para amortiguar el alto costo de la vida
El CDC insta al gobierno a tomar iniciativas con medidas más eficientes que contribuyan a disminuir el costo de vida para que las familias puedan adquirir los alimentos de la CBA.
Entre las medidas que recomienda están:
Eliminar la renta a los salarios de hasta $1,000, medida que recientemente ha adoptado Costa Rica. La pérdida de este tributo puede compensarse con la disminución del gasto público e incremento de impuestos en otros bienes y servicios.
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Instruir a carteras de gobierno que establezcan un plan de educación para enseñar a las familias a crear huertos urbanos.
Los consumidores deben cuidar el gasto, priorizando la compra de alimentos en espacios como los mercados y mediante la iniciativa “Consumo lo que Produzco”.
Por su parte el gobierno, presentó este 25 de mayo tres iniciativas para prorrogar la fijación del precio de los combustibles, hasta el 31 de agosto de este año.
Se trata de la prórroga de suspensión temporal de los impuestos del Fondo de Estabilización para el Fomento Económico (FEFE) y de la Contribución al Transporte (Cotrans), así como una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), informó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
En este sentido los precios del galón de diesel y gasolinas andarán entre $4.14 y $4.32.