A pesar de los numerosos señalamientos de violaciones de derechos humanos y capturas arbitrarias en medio del régimen de excepción, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles con 67 votos a favor prolongarlo por 30 días más.
Ayer, el gabinete de Seguridad llegó a la Asamblea para presentar la solicitud de prórroga de esta medida manteniendo la misma causal del decreto aprobado el pasado 27 de marzo, es decir el repunte de homicidios de finales de marzo. Con la prórroga, la suspensión de cuatro derechos fundamentales se extiende hasta el 25 de junio.
El decreto aprobado inicialmente el 27 de marzo tras un alza de homicidios atribuida a las pandillas suspende los derechos de libre asociación, inviolabilidad de las comunicaciones y defensa ante detención. Además extiende el periodo máximo de detención administrativa de 3 a 15 días.
Este decreto fue prorrogado por un mes mas el 24 de abril y ayer se celebró una segunda extensión. Además los diputados oficialistas avalaron hacer compras directas sin pasar por la LACAP en el marco del régimen de excepción.
Los legisladores de Nuevas Ideas y aliados defendieron la ampliación de dicha disposición.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas (NI), Christian Guevara, dijo que “los problemas de seguridad no se resuelven con minutos de silencio y banderas a media asta, eso lo hacen los líderes mediocres y los gobiernos débiles.
La forma de resolverlos es con medidas valientes y audaces”. Walter Cotto, también de NI, rechazó el argumento de que las causas que justifican este régimen ya terminaron. “Las pandillas le hicieron mucho daño al país y por eso debe continuar (el régimen).
"Todavía hay muchos pandilleros que siguen escondidos y quieren seguir dañando a la población”, indicó.
“Ya no es necesario”.
Sin embargo, legisladores de oposición rechazaron la medida y coincidieron que el régimen “no es necesario” porque no existen las causales de violencia que justificaron el decreto original de régimen de excepción. A decir, el alza de homicidios en El Salvador ha sido detenida.
El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, manifestó que “si las causas que motivaron el régimen de excepción (aprobado en marzo) estuvieran vigentes, yo vuelvo a votar en favor del régimen”.
No obstante, señaló que “no es el caso y esa es la razón por eso nosotros hemos llegado a la conclusión, con nuestra fracción, que el gobierno tiene suficientes elementos de orden jurídico, técnico y financiero para poder enfrentar lo que resta de la delincuencia con legislación ordinaria, sin necesidad de violentar los derechos constitucionales de toda una población”.
A juicio de Portillo Cuadra, la palabra “régimen de excepción” la han ocupado como mercadeo político “para justificar la ruptura que se dio entre las pandillas y el diálogo que tenía con el gobierno”. Además, explicó que las reformas que se hicieron al régimen de excepción son mucho más drásticas que el régimen de excepción “pero eso nadie lo menciona”.
No hay un verdadero plan Por su parte, la legisladora del FMLN, Anabel Belloso, planteó que el pedir de manera reiterada una medida que tiene carácter excepcional “es un claro reflejo de la ausencia de un verdadero plan”.
Además, la efemelenista señaló que “aquello que anunciaban con bombos y platillos como plan de seguridad, el Plan Control Territorial, nunca existió”.
La diputada de Vamos, Claudia Ortiz lanzó fuertes criticas a esta medida y no dudó en señalar que con este “se están violentando derechos de personas inocentes”.
“Hoy murió otra persona en el penal de Izalco, ¿hasta cuándo va a ser suficiente?, unos vapuleados, otros por falta de medicamentos van muriendo en las manos del Estado durante este régimen de excepción inmoral”, señaló.
Destacó que madres, esposas y padres preguntan dónde están sus familiares y que acumulan pruebas para demostrar que nos son delincuentes, sino salvadoreños honrados.
Pero que “las autoridades no escuchan, guardan silencio y mientras tanto a los criminales lo escoltan hasta Guatemala, a los criminales los protegen, no los extraditan, se sientan con ellos para hacer treguas”.
“Las decisiones hipócritas una vez más, las ponen los gobernantes, pero la sangre las pone el pueblo. Ustedes saben todo eso, ¿cómo pueden dormir en las noches?”, cuestionó la parlamentaria de Vamos a los diputados oficialistas.
Ortiz fue más allá y manifestó: “Yo quisiera que le expliquen a la población por qué no pueden combatir la delincuencia sin régimen de excepción y porque no funciona el Plan Control Territorial. ¿Ya están tras las rejas aquellas personas que asesinaron a las más de 80 personas que murieron en ese fin de semana negro?”.
¿Los delincuentes siguen libres?
La parlamentaria del FMLN, Marleni Funes, opinó que pueden pasar dos años en régimen de excepción y la delincuencia no se acabara. Esto, dijo, “porque aquí no se combate los problemas reales que aquejan a la población”.
También señaló un aspecto que “grave” tras esta disposición. “Decía un diputado que me antecedió ‘se van a acostumbrar al régimen los delincuentes’ y quizás tenga razón porque es curioso que con más de 30 mil detenidos hay solo 600 armas incautadas, o sea que son delincuentes desarmados estos, ¿o es que están capturando a gente que no delinquía?, porque no cuadran los números”.
Organizaciones de sociedad civil han documentado numerosos reclamos de arbitrariedades durante la aplicación del régimen de excepción.
Hasta el 19 de mayo, Cristosal informó que había recibido 555 denuncias al respecto.
Permanente Estado de emergencia
El presidente de Fundación DTJ, José Marinero, consideró que “el oficialismo y sus cómplices no han disimulado su intención de mantener a la población en permanente Estado de emergencia, aunque ello vaya en contra de la Constitución”.
A su juicio, esto le permite lograr al menos tres cosas. Primero, “fortalecer la narrativa de miedo y zozobra de que estamos bajo ataque de un mismo enemigo y que el único capaz de enfrentarlo es Bukele y su gobierno”.
Marinero manifestó que esa narrativa de enemigo incluye a los pandilleros, pero también a todos los que se atrevan a pronunciarse contra o hasta informar sobre las vulneraciones a los derechos de cientos de personas que están pagando injustamente con detenciones arbitrarias, abusos policiales y otras violaciones desde el Estado, incluyendo las personas que han muerto en custodia del Estado.
Segundo, les permite violar las reglas que protegen los derechos.“El gobierno sabe que no le conviene capturar muy rápido a los supuestos 70,000 pandilleros en libertad, pues entonces se quedaría sin justificaciones inmediatas".
Este régimen de excepción -un verdadero estado de sitio como los tuvimos hace varias décadas- tiene vocación de permanente o, al menos, hasta las elecciones de 2024”, dijo.
Y el tercer objetivo del Ejecutivo, consideró, es “distanciarse del pacto criminal con las pandillas”.
