El número de víctimas localizadas en cementerios o fosas clandestinas durante 2021 fue exactamente el doble que en 2020, según datos publicados en el portal de transparencia de la Fiscalía General de la República. Para Zaira Navas, defensora de Derechos Humanos y parte de la fundación Cristosal, ese incremento está relacionado con el delito de desaparición de personas en El Salvador.
"Este gobierno ha mostrado bastante desidia en la investigación, procesamiento y sanción en el caso de personas desaparecidas", dice Navas. Desde Cristosal, ella y otros especialistas han dado seguimiento a numerosos casos de personas desaparecidas, junto a otras organizaciones de la sociedad civil y familiares de las víctimas de desaparición.
"Hay desprecio a las víctimas, en la medida que se les resta credibilidad", señala Navas y enfatiza en que el gobierno de Nayib Bukele ha prestado mayor atención e interés en descartar o discutir el número de personas desaparecidas, que en investigar los casos o demostrar que son efectivos en el combate de ese delito.
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"Lo más importante es que las autoridades den cuenta de los hallazgos de las personas desaparecidas, que se investigue la desaparición y que si la persona fue encontrada en una fosa, este cuerpo debe ser debidamente identificado", argumenta Zaira e indica que puede estarse manejando un registro erróneo, al no incluir a las víctimas localizadas en fosas clandestinas en las estadísticas de homicidios del día en que se realizó el hallazgo y sí en la fecha en que la persona fue reportada como desaparecida - fechas, en ocasiones, semanas atrás - sin que se haya realizado un peritaje científico apropiado, que determine que esa información es válida.
Según datos publicados en el portal de transparencia de la Fiscalía General de la República, el número de víctimas localizadas en cementerios o fosas clandestinas se duplicó de 2020 a 2021. En el año 2020, el número de víctimas localizado fue de 33, en 11 fosas y cuatro cementerios clandestinos.
Para el año 2021, la cifra de víctimas subió a 66, en 20 fosas y dos cementerios clandestinos. Eso implica que el número de hallazgos fue el doble al comparar ambos períodos de tiempo.
Los datos también dan cuenta que, en 2019, el número de víctimas localizadas en cementerios y fosas clandestinas fue de 54: más que en 2022, pero menos que en 2021. Sumados a las cinco víctimas localizadas hasta febrero de 2022, el total de hallazgos entre enero de 2019 y febrero de 2022 es de 158.
La obligación con las víctimas
Zaira Navas señala que el gobierno ha incumplido el deber asumido en en protocolo de acción urgente, al no crear un registro de ADN de los familiares de personas desaparecidas y así poder identificar los cuerpos encontrados y determinar si es el padre, hijo, hija o hermano que busca una determinada persona.
"La falta de información a las víctimas es también un incumplimiento a los deberes del Estado", acota Zaira sobre los procesos de seguimiento que autoridades de la Policía Nacional Civil o la Fiscalía General de la República llevan en cuanto a brindar detalles de las búsquedas a sus familiares.
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Zaira Navas opina que las autoridades del gobierno central y del gabinete de seguridad pública, del gobierno de Nayib Bukele, deben apoyar a las familias de las víctimas, sentarse con ellas a dialogar y trabajar en conjunto, en lugar de atacar sus exigencias.
"El Estado tiene la obligación de prevenir la desaparición de personas, investigar por qué desaparece una persona, investigar a los culpables y dar con su paradero", concluye Zaira.