Desde la zona del bajo Lempa, entre San Vicente y Usulután, se llevaron a un joven de 24 años, de quien su familia da testimonio que no pertenece a pandillas y que trabaja como ayudante de su suegro en un negocio de enderezado y pintura, además de realizar oficios varios. Desde allá también han venido a San Salvador su padre, madre y su pareja. Por más de diez días el cielo ha sido su techo y el suelo, su lecho, a las afueras del penal La Esperanza (Mariona), aguardando a que el joven sea puesto en libertad.
“Se lo llevaron con engaño”, afirma su padre quien prefirió reservar su nombre por temor a posibles represalias de las autoridades. “Le dijeron que solo les enseñara un lugar, él pidió que dejaran que lo acompañara la mamá. Al llegar, ya no lo bajaron de la patrulla. Al regresar a la casa unos vecinos me dijeron que se los habían llevado, me fui a donde los tenían, un agente me dijo que se lo iban a llevar por el delito de agrupaciones ilícitas”. “Mi hijo no está tatuado ni perfilado como parte de esa clase de gente, porque nosotros conocemos a nuestros hijos, convivimos con ellos”, asegura.
Según cuenta este hombre de 48 años, su hijo padece de problemas renales. “Mi hijo padece de los riñones, a él se le baja el potasio”. El padre le explicó al agente la situación de salud de su hijo y que está en tratamiento en un hospital de Jiquilisco, en Usulután. “El miedo que me da es que le vaya a suceder eso allá adentro”. Recientemente, la familia le llevó Ultra K, vitaminas y minerales, medicamentos que el joven necesita para mantener los niveles de potasio. “A saber si ya se los pasaron. Lo que quiero saber es cómo se encuentra de salud porque no nos han dado información”. “Mi esperanza de estar en este lugar es que me lo saquen de aquí, que no me lo vayan a sacar muerto”, dice angustiado este hombre teniendo en cuenta el número de reclusos fallecidos durante el régimen de excepción.
Hasta el 15 de mayo, unas ocho personas han muerto bajo la custodia de Centros Penales en el marco de dicho régimen, un decreto impulsado por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas y que fue aprobado el pasado 27 de marzo por la Asamblea Legislativa. De hecho, el Gobierno no ha revelado, al menos de manera pública, la cantidad de personas que han perdido la vida mientras estaban prisioneras en este contexto. Centros Penales tampoco se ha pronunciado acerca de estos decesos sucedidos tras golpizas o complicaciones de enfermedades por no proporcionar los medicamentos.
Techos de tela
Para refugiarse del ardiente sol, si acaso tomar una siesta en la tarde, o para cubrirse del rocío de la noche, los familiares de detenidos, en su mayoría mujeres, han levantado unas especies de tiendas de campaña con sábanas a la orilla de la calle frente a Mariona; allí “residen” hasta que llegue el día en que regresen a casa junto a su pariente ya liberado. Otros a falta de pliegos de tela, descansan sobre alguna ropa que han llevado o un pedazo de cartón.
“Con unos trapos que nos regalaron hacemos una camita acá para dormir”, comenta una mujer proveniente de San Martín que al igual que aquel padre prefirió no decir su nombre y asegura que su esposo “solo es vendedor ambulante y el sostén de la casa”.
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“Sabemos que nadie nos manda (a estar a las afueras del penal), pero por el amor que le tenemos a la persona tenemos que estar con ellos en las buenas y en las malas”, agrega otra fémina del mismo municipio, cuyo esposo y hermano están recluidos en el penal de Mariona. Ella afirma que esposo es carpintero, que estando en su jornada lo capturaron porque no portaba su DUI y que lo acusan de agrupaciones ilícitas. Asimismo, que a su hermano la Policía lo detuvo mientras viajaba en un microbús.
Para su aseo personal, unos vecinos de la localidad alquilan el baño a $0.50 y para comer, unas amigas que han conocido durante esta situación y que viven cerca del penal, les comparten algún platillo típico. También, miembros de iglesias llegan a regalar café y pan dulce. “Con eso cenamos para esperar al día siguiente”.
Al otro lado de la calle, las pertenencias de la familia proveniente del bajo Lempa están ordenadas: dos mochilas con ropa, un viejo y delgado colchón y unos retazos de cartón. “Diez días tenemos de estar aquí, aguantando frío, esperando en Dios, con la fe de que él va a salir de ese lugar”, dice preocupado el jefe de esta familia.
A la vez lamenta que “a nosotros como padres nos desacreditan diciendo que somos padres de ratas, pero son otras personas las que han cometido esos errores (delincuencia). Somos una familia cristiana y no permitimos que esas cosas sucedan”.
Con su tez asoleada y semblante agotado, este padre aclara que apoya la medida establecida por el presidente Bukele contra la criminalidad, pero que “es injusto que gente con enfermedades esté pagando lo que no debe dentro de esos lugares”.
Y mientras observa el portón blanco del centro penal La Esperanza, recuerda las últimas palabras que le dijo su hijo al momento ser detenido: “No te aflijás, ya voy a salir de ese lugar porque yo a nadie le debo nada”.