Representantes de Acción Ciudadana y del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (ALAC-Funde) reiteraron este viernes la falta de transparencia en los proyectos de penales, tren y aeropuerto del Pacífico y enfatizaron en la importancia de que la información relacionada a dichas obras debe estar disponible a la ciudadanía.
Tras advertir sobre los riesgos de corrupción y la posibilidad de injerencia extranjera para la ejecución de esas iniciativas al omitir la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y dejar a discrecionalidad del Ejecutivo la adjudicación de las mismas, cuestionaron la falta de disponibilidad de datos sobre las propuestas que no han sido reveladas a la población que podría resultar afectada con el desarrollo de estas.
"Las organizaciones no estamos contra una obra pública, pero esta debe de hacerse con total transparencia informando datos fundamentales, por ejemplo el presupuesto, no se ha hecho público de dónde se financiarán estas obras, no se sabe si serán préstamos internacionales que el gobierno hará, porque al final los vamos a pagar todos con los impuestos, o se van a pagar de fondos generales de la nación, es decir de lo que recauda Hacienda", indicó Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, durante La Entrevista de radio YSUCA.
Prosiguió que "la ubicación de las obras es importante", porque a su criterio la ciudadanía debe conocer si su vivienda "será afectada porque ahí va a pasar el Tren del Pacífico, ese tipo de información por esas razones es que hay que hacerla pública para darle seguridad a los ciudadanos de que no se va a afectar sus condiciones de vida".
Criticó que tampoco hay certeza de dónde se construirán los centros penales que el gobierno ha anunciado y para que el órgano legislativo aprobó una ley de forma exprés el pasado 19 de abril.
En el mismo espacio radial, Wilson Sandoval, coordinador de ALAC-Funde, dijo que su organización ha gestionado ante la Asamblea datos sobre el proceso con el que dio luz verde a las peticiones promovidas desde el Ejecutivo, pues de momento aseguró que, incluso, "no han tenido evidencia de que haya existido algún plan o se haya ejecutado alguna acción de diálogo o socialización de los proyectos frente a comunidades, municipios o zonas que pueden ser afectados" y que terminarían "de corroborar eso" si el Parlamento entrega los documentos que han solicitado.
Los representantes de las organizaciones se refirieron, además, a posibles daños medioambientales que podrían generar la ejecución de las tres obras y cuya información no está disponible al público.
"Si bien debe promoverse el tema de la infraestructura y el tema del desarrollo no puede hacerse a costas de menoscabar otro tipo de derechos que pueden verse afectados. Por eso se debe saber dónde va a pasar el tren, dónde va a estar el aeropuerto ¿Por qué? porque muy probablemente como el caso del aeropuerto pueden afectarse temas ambientales, hay zonas protegidas ahí, puede resultar afectado el tema del derecho a la vivienda digna, porque hay gente que tiene su propiedad y puede ser desplazada y a esto se le suma la ley de expropiaciones aprobada en la Asamblea Legislativa que busca precisamente casi que echar a las familias de aquellos lugares a efecto de construir estos proyectos", cuestionó.
Sobre posible corrupción e injerencia extranjera
Por otra parte, Escobar fue más allá al advertir que el omitir en dichos proyectos la LACAP podría abrir la puerta a actos de corrupción al dejar la elección de las empresas a discreción del Ejecutivo, ya que podrían tener más oportunidades las constructoras extranjeras sobre las nacionales.
Además, ahondó más sobre la importancia de conocer el origen de los fondos para la ejecución de las obras al ser preguntado en la entrevista radial sobre si los recursos procedieran de ayuda como la que China ha anunciado para varios proyectos en el país. Escobar respondió que se deben conocer las condiciones e implicaciones que esto podría generar para El Salvador.
"Hay que conocer el origen de los fondos porque, qué tal se está financiando con las donaciones de un país extranjero la construcción de las obras que tienen un interés de tener incidencia en El Salvador, incidencia política o tienen intereses geopolíticos estas potencias extranjeras teniendo inversiones en el país. Hay que poner atención que al no revelar esta información o reservarla también se da un margen para cubrir este tipo de hechos que pueden afectar al final la soberanía del país", subrayó.
Para Escobar, el gobierno y la Asamblea Legislativa están a tiempo de modificar "los criterios que van a aplicar para estas obras públicas en el sentido de hacer transparentes todos los procesos que se van a desarrollar, ya sea cómo se van a adjudicar, quién los va a ejecutar, cuánto se va a gastar, etc. o sea todavía están a tiempo de revelar esta información, porque no queremos estar dentro de 10 años revelando actos de corrupción en estos proyectos".