Los proyectos del tren y el aeropuerto del Pacífico, así como el de la construcción de penitenciarias podrían prestarse a actos de corrupción o abrir la posibilidad de injerencia extranjera en su ejecución, afirmó un informe que presentó este miércoles Acción Ciudadana y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
Aunque las organizaciones civiles coincidieron en reconocer "la importancia de la inversión" en infraestructura pública señalaron la falta de transparencia que han detectado en su investigación al analizar las leyes especiales que la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo creó recientemente a petición del Ejecutivo para la realización de las tres obras.
Tanto las normativas para el tren y aeropuerto del Pacífico, así como para la construcción de cárceles permiten saltarse los controles estipulados en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), lo que ha sido criticado por diversos sectores y diputados de oposición al señalar falta de transparencia al no aplicar dicha legislación.
"Hay que señalar que en este caso hay un riesgo de corrupción en obra pública y hay una posibilidad de injerencia extranjera en nuestro país con motivo de esta obra", dijo Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, quien al ampliar sobre este último punto señaló que "hay países que están buscando tener injerencia, podemos hablar de Rusia y China, por ejemplo, que pueden estar interesados en estos proyectos de obra pública y esto significaría, digamos, un aspecto de geopolítica, intereses económicos también, que pueden tener una incidencia en la política interna salvadoreña".
En ese sentido, René Valiente, investigador de Acción Ciudadana, cuestionó el proceso que desarrolló la Asamblea para la aprobación de las tres normativas que indicó abren la puerta para lo planteado por Escobar, pues la ley para la construcción de cárceles se avaló con dispensa de trámite, es decir directamente en el pleno legislativo, mientras, las iniciativas sobre el tren y el aeropuerto no fueron lo suficientemente discutidas en la comisión respectiva.
"En estas tres leyes especiales aprobadas hemos identificado unos elementos que están al menos regulados de manera cuestionable, aspectos que generan algunas dudas en la forma en que han sido regulados y que pueden abrir espacios de riesgo para la corrupción, para la injerencia extranjera, en general para el mal manejo de los proyectos y los fondos vinculados a estos", expresó Valiente.
Destacó que en el análisis de las propuestas no hubo espacios para la participación ciudadana y que no se aclaró la razón del por qué "estos proyectos" fueron priorizados por encima de otras necesidades de la ciudadanía "que aún no están solventadas y requieren de la construcción de obra pública".
¿Qué perdemos sin la Lacap?
Las compras para la ejecución de los tres proyectos estarán bajo lineamientos de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC), del Ministerio de Hacienda, quien deberá emitir un reglamento para cada obra "lo que aumenta la discrecionalidad, porque es el mismo ente el que va a decidir cuáles son las normas que van a regular sus procedimientos y habilita, por ejemplo, que haya ofertantes extranjeros que sean tomados en cuenta encima de los ofertantes nacionales", contrario a lo que estipula la Lacap, planteó Valiente.
"El artículo 55 de la Lacap, por ejemplo, establece que va a ver una preferencia de los ofertantes nacionales por encima de los extranjeros cuando ambas ofertas reúnan las mismas características, esa es una norma que ha sido desplazada en los tres proyectos aprobados por medio de leyes especiales", explicó.
Indicó que con las normativas dejarían de aplicarse, además, varios aspectos regulados en la Lacap, entre estos "los relacionados a la debida planificación de los proyectos, regulación de los procedimientos a seguir, la delimitación de responsabilidad, garantías, régimen sancionatorio, sistemas de supervisión y también la regulación acerca de la toma de decisión sobre los ofertantes".
"Retrocesos en transparencia"
Además lamentó que ante los "graves retrocesos en materia de transparencia" que han marcado a la administración de Nayib Bukele no hay acceso a información completa sobre dichos proyectos, pues los datos disponibles son escasos, "lo que limita el control de la prensa y el ciudadano sobre esos proyectos".
Según Valiente, también evaluaron los aspectos que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y la Iniciativa para la Transparencia en el Sector Construcción (CoST, por sus siglas en inglés), de la cual es parte El Salvador, que establecen los datos oficiosos que deben estar a disposición de la ciudadanía.
Indicó que la LAIP estipula por lo menos ocho datos relacionados a la obra pública que son los que deben estar disponibles a la ciudadanía en la etapa en la que se encuentran por ejemplo los proyectos del tren y aeropuerto del Pacífico y la construcción de cárceles, entre estos nombre de la obra, ubicación, costo, fuente de financiamiento, fecha de inicio, tiempo de ejecución, número de beneficiarios y responsable de la obra.
Mientras, la CoST incluye criterios más amplios que son reconocidos internacionalmente en las cuales se retoman por lo menos 20 aspectos que deben estar publicados.
Valiente concluyó que ninguno de los tres proyectos investigados cumplen con "niveles aceptables de transparencia", ya que la información disponible al respecto es escasa y solo es la que está disponible en la ley especial creada para cada uno. Tal es el caso del Aeropuerto del Pacífico que solo está disponible el nombre de la obra, el responsable y la ubicación del mismo.
"Si bien en la discusión de la Comisión de Economía se expuso verbalmente por algunos funcionarios, por ejemplo temas como costo total de la obra o propósito de la obra, estos aspectos no pudieron ser verificados en un documento, no se encuentran disponibles al menos no en los portales de transparencia de las instituciones y en las páginas web correspondientes, donde debería estar disponible esta información", aclaró Valiente sobre dicha iniciativa.
Agregó que de los tres proyectos del que menos información se encuentra es sobre la construcción de penitenciarias "del cual solo se conoce el nombre del responsable de la obra".