“Si no tiene arraigos valederos, difícilmente le van a decretar otra medida que no sea la detención”, sentencia una abogada de la Procuraduría General de la República (PGR) que lleva 48 días trabajando jornadas extenuantes, a raíz de las miles de personas detenidas desde que el régimen de excepción fue implementado, el pasado 27 de marzo.
Los arraigos son aquellas circunstancias que le pueden hacer creer a un juez que el detenido estará sujeto a un proceso judicial si le da libertad bajo medidas, es decir que no va a huir. Hay arraigos laborales, domiciliarios y familiares.
Sin embargo, las personas que no tienen un empleo formal en empresas reconocidas tienen desventaja, según una defensora pública consultada.
“Deben ser arraigos sólidos, comprobables”, explica la abogada. “En cuanto a los arraigos laborales, difícilmente lograrán que les den medidas sustitutivas a la prisión provisional (libertad provisional) a los capturados que trabajan como albañiles, colaboradores de oficios domésticos, en areneras o vendedores ambulantes; ya que el documento firmado que presentarán es hecho por alguien que “supuestamente” es el jefe o patrón.
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La defensora también explicó que hay personas que llevan escritos en los que se detalla que venden fruta de manera ambulante o que trabajan en casa cuidando niños o personas adultas; en esos casos, prácticamente, no se puede tomar como un arraigo laboral sólido.
Igual pasa con los arraigos domiciliarios, es decir, con aquellos documentos que prueban que el procesado tiene un domicilio fijo.
La fuente de la PGR indica que el documento debe indicar un lugar de residencia específico y anexar, de ser posible, documentos como la escritura de propiedad de la casa, recibos de servicios básicos o, en todo caso, el contrato de arrendamiento de la casa.
Pero en este caso, la abogada afirma que se cae en lo mismo que con los arraigos laborales, pues muchos jornaleros, vendedores ambulantes y personas dedicadas a oficios domésticos viven en casas o habitaciones alquiladas de las que no les tienen contrato de alquiler.
De poco sirven
La PGR los recibe pero explican a los familiares de los detenidos que es muy difícil que un juez tome en cuenta tales documentos.
“... Se los agarramos aunque se le explica que no se puede hacer nada con ellos por el momento, tal vez una vez pasado el régimen se puede pedir una audiencia especial de revisión de medidas para ver si cambia la medida el juez, pero hasta que pase el régimen”, afirmó la fuente.
Es eso lo que ha sucedido con familiares de Juan Manuel Benavides Alfaro, de 23 años, quien es empleado de una empresa contratada por el Fondo de Conservación Vial (Fovial), según explicó su compañera de vida; ella se ha quedado sin apoyo económico para tres hijos, cuyas edades oscilan entre los 6 meses y los 5 años.
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Juan fue capturado el pasado 3 de abril, cuando regresaba de trabajar en la empresa donde labora desde hace casi cuatro años.
Según Johana, su compañero de vida no tiene ningún vínculo con pandillas, pero fue capturado el pasado 3 de abril en el caserío El Marne, del municipio de California, departamento de Usulután.
Johana ha logrado recopilar algunos documentos, incluyendo la constancia de trabajo, pero en la PGR le dijeron que los llevara hasta el próximo 12 de junio. No le explicaron por qué hasta esa fecha.
Como último recurso, el jueves anterior Johana publicó en la red social Facebook la foto de Juan y le pidió al presidente Nayib Bukele que “se pusiera la mano en el corazón y que lo liberara” ya que es el único sostén económico de ella y sus tres hijos.
Como Johana, muchas personas han querido enviar un mensaje al presidente. Muchos continúan presos, como Juan que está en el penal de Izalco.
No revisan documentos
“Hay estudiantes, artistas, comerciantes los que están siendo detenidos, y los jueces que también responden a estas mismas decisiones desde un régimen autocrático de Casa Presidencial no están viendo esos documentos (de arraigo). Automáticamente están haciendo audiencias de 150 a 200 personas y a todas las elevan al siguiente nivel lo que implica no menos de cuatro meses en cárcel hasta la siguiente audiencia”, explicó la defensora en derechos humanos, Celia Medrano, en torno al trato que reciben los familiares de privados de libertad que buscan demostrar la inocencia del capturado.
Pero ¿Qué pueden hacer ahora mismo los familiares de los reos?
La abogada penalista Marcela Galeas considera que por el momento se puede hacer muy poco con el tema. Pese a que El Salvador está suscrito a tratados internacionales, que tienen como finalidad “evitar excesos y abusos en la implementación del poder punitivo (que implica castigo)”, explicó.
El régimen actual ha suspendido varios derechos constitucionales, entre los que están la inviolabilidad de las comunicaciones, es decir que el gobierno tiene la capacidad de escuchar las conversaciones telefónicas y de interceptar la correspondencia de todos los salvadoreños. También el derecho a defensa que implica que una persona que ha sido capturada no tiene actualmente el derecho de conocer las razones de su detención y tampoco la oportunidad de ser asistido por un abogado de manera inmediata.
Esto ha llevado a que en los últimos 40 días, varias personas hayan denunciado capturas arbitrarias, es decir sin justificación del por qué fueron detenidos por la Policía Nacional Civil.
Desde el 26 de marzo, y durante el régimen de excepción, han sido capturadas 27,831 personas. Entre los detenidos no solo están miembros de pandillas sino también personas que lograron justificar que sus capturas habían sido arbitrarias.
Hasta el momento, se desconoce si el régimen de excepción que terminará a finales de este mes seguirá prolongándose. Pues el Gobierno ha dicho hay un aproximado de 60,000 pandilleros, y por el momento, las capturas hechas llegan a casi 30,000.