Un estudio de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) sobre el caso del cementerio clandestino Chalchuapa reveló que hay evidencia de irregularidades y manejo inadecuado del proceso investigación realizado por las autoridades.
La investigación de carácter cualitativa está basada en las declaraciones de los funcionarios de gobierno, publicaciones periodísticas y análisis de especialistas en materia de género y Derecho Penal.
Para Henri Fino, director ejecutivo de Fespad, las irregularidades iniciaron el mismo 7 de mayo de 2021, cuando en un pasaje de Chalchuapa se escucharon los gritos de una joven pidiendo auxilio, la Policía tardó en llegar y cuando llegó no ingresó a la vivienda, a pesar que había sangre en la entrada.
Uno de los principales señalamientos de Fespad es la narrativa gubernamental en torno al victimario, al catalogarlo como un psicópata, de manera consciente o inconsciente, lo cual invisibiliza todo el contexto de inseguridad en que ocurre el hallazgo del cementerio clandestino.
“Especialistas en género consultadas cuestionan el uso a priori de categorías psiquiátricas que reducen crímenes tan atroces contra las mujeres, a un problema del individuo, eludiendo con ello el contexto cultural de misoginia y violencia sistemática contra las mujeres, así como la responsabilidad estatal en no haberlos prevenido”, señala el estudio.
Además ha sido cuestionado el hecho de haberle dado criterio de oportunidad al principal señalado como responsable de los asesinatos de las víctimas encontradas en las fosas.
DE INTERÉS: 51 fosas clandestinas fueron encontradas desde 2019 hasta 2022
Un segundo señalamiento es sobre la relación del Estado hacia los familiares de las víctimas, en la que destaca la falta de acceso a información oportuna y la carencia de canales de comunicación para todas las personas que acudieron al lugar en busca de familiares desaparecidos.
Los funcionarios también descargaron la responsabilidad sobre las familias de las víctimas “cuando se hace un llamado a los padres de familia a tener cuidado de sus hijos, como si no fuera responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de las personas” comentó Héctor Carillo, de la unidad de acceso a la justicia de Fespad.
Lo cual significa un incumplimiento de poner en el centro a las familias de las víctimas en procesos de búsqueda, identificación forense, restitución y reparación.
El informe también denuncia la falta de claridad sobre el número y las características de las víctimas encontradas dentro de las fosas del cementerio clandestino de Chalchuapa.
El Diario de Hoy publicó a finales de abril que 27 cuerpos encontrados en la colonia Las Flores, donde se hallaron las fosas en casa de un expolicía, entre el 10 de mayo y el 14 de junio, no fueron identificados, según datos del Instituto de Medicina Legal.
La censura hacia la labor de los periodistas es otra de las críticas del informe.
Carillo explicó que la finalidad de la investigación es dotar a las distintas dependencias del Estado de una sistematización que les permita identificar los errores que han cometido en el abordaje del caso para corregirlo.
“Las instituciones del estado tienen sentido en la medida que protege a la persona humana” puntualizó.