Una carta de Amnistía Internacional (AI) dirigida al presidente de la República, Nayib Bukele, lamenta que el régimen de excepción supone una amenaza considerable a los derechos humanos. Este régimen de suspensión de garantías constitucionales fue decretado el pasado 27 de marzo, y prorrogado el 24 de abril.
A decir de Amnistía Internacional, este régimen y las acciones derivadas del mismo provocan "alarma". Entre las situaciones que destacan están "detenciones arbitrarias, malos tratos a presos, muertes bajo custodia y ataques a periodistas".
Asimismo, la organización que vela por los derechos humanos a lo largo del mundo sostiene que algunas decisiones tomadas incumplen normas internacionales de respeto a derechos humanos. Entre ellas, la suspensión del derecho a la defensa jurídica, la aprobación de juicios sin presencia de la persona acusada y la ampliación de los plazos máximos de detención administrativa. Estas medidas "son contrarias al derecho internacional", añaden.
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Detenciones arbitrarias
"Ha habido informes generalizados de detenciones arbitrarias y preocupación respecto a los malos tratos contra personas detenidas, incluidas muertes bajo custodia", lamenta Amnistía Internacional en su carta a Nayib Bukele. Esta no es la primera vez que esta institución se pronuncia en contra de abusos de poder. Y al igual que otras organizaciones que han emplazado al gobierno salvadoreño por sus abusos, AI ha recibido una respuesta poco cordial del oficialismo que lejos de rectificar, enfrenta con hostilidad a sus críticos.
La misiva al presidente da cuenta de al menos cinco muertes bajo custodias. Además, critica las declaraciones del mismo Bukele que ha hablado de limitar la alimentación y acceso al aire libre de los presos. Estas provocan "honda preocupación", aseguran.
Amnistía Internacional también da cuenta de detenciones a personas solo por tener tatuajes o por "estar presentes en zonas en las que suelen operar miembros de pandillas".
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Según la misiva, hay al menos 300 denuncias de violaciones de derechos humanos en medio del régimen de excepción. De estas, más del 70% van sobre detenciones arbitrarias.
"Las organizaciones locales y los medios de comunicación han informado de que se ha detenido a personas en barrios pobres y marginados simplemente por tener tatuajes o por estar presentes en zonas donde suelen operar pandillas", agrega el documento.
Estas personas no han tenido acceso a asistencia jurídica adecuada, lamenta Amnistía Internacional, que además observa una falta de independencia judicial. Desde que se decretó el régimen de excepción, el presidente lanzó advertencias a los jueces que liberaran a los capturados en las redadas y operativos policiales.
Ante esta situación, esta institución llama al presidente a derogar o enmendar "todas las reformas legales que no cumplen con el derecho y las normas internacionales. Al mismo tiempo, le llaman a garantizar los derechos de los presos. Finalmente, exigen respetar el trabajo de la sociedad civil y los medios de comunicación y llaman a que estos trabajen sin represalias.