Ruth Eleonora López, abogada y directora Anticorrupción y Justicia de Cristosal, advirtió este lunes sobre la posibilidad de que el régimen de excepción que el gobierno ha prorrogado al sostener el argumento del repunte de violencia en el país puede extenderse a través de un nuevo decreto.
Organizaciones de la sociedad civil han reportado abusos de poder y vulneraciones de derechos humanos en el marco de la implementación de la medida que está vigente en el país desde el pasado 27 de marzo. Según López, solo Cristosal había registrado hasta el 6 de mayo 275 denuncias, en su mayoría por detenciones arbitrarias, otras por maltrato físico, lesiones y por allanamiento de morada.
También enfatizó que hay casos de violaciones a garantías constitucionales en que personas se abstienen de denunciar por temor a "estigmas" o en algunos casos por miedo a represalias contra algún familiar que está laborando en instituciones del Estado.
"Parece que al gobierno le gusta el régimen de excepción, yo creo que se va a prolongar, ya tenemos una extensión, yo creo que lo más probable es que se extienda, no sé cuánto tiempo, ahí si no tengo la bolita mágica, no me da para saber cuántos regímenes de excepción más van a hacer aprobados", alertó la abogada durante La Entrevista de radio YSUCA.
Aunque aclaró que "la prórroga del mismo decreto" solo se puede avalar una vez como ya sucedió, "el tema es que se puede volver a establecer un régimen" mediante una nueva iniciativa "volver a aprobar y volver" a prorrogarla. Yo creo que esto está relacionado con la intención del gobierno de tener un control social y además de controlar la narrativa gubernamental, como ocurrió en la pandemia", añadió.
Lamentó que en el contexto de la medida solo establece la suspensión de cuatro derechos fundamentales, tales como el de la libertad de asociación, a la defensa, plazo máximo de la detención administrativa y el de la inviolabilidad de la correspondencia en el sentido de intervención de las telecomunicaciones, y esta sea ocupada para vulnerar otros derechos, entre estos el de la libre movilización.
López recordó que en el régimen de excepción similar que aplicó el Ejecutivo durante la emergencia por la pandemia del COVID-19 en 2020 también documentaron casos de vulneración de derechos fundamentales. En esa ocasión reseñó que se detuvo a ciudadanos y se les envió a centros de contención "en condiciones infrahumanas, el distanciamiento social nunca existió, no había intención de cuidar sino de castigar a quienes no se se sometieran a las reglas establecidas por el gobierno".
Para López es importante, que pese a la falta de independencia judicial, la ciudadanía "debe denunciar las irregularidades en las capturas de personas inocentes en el marco régimen de excepción".
"Debemos registrar la falta de institucionalidad y hacer que la misma funcione en el país; sino, se activan organismos internacionales", afirmó.
Otra ampliación de régimen de excepción no es viable
Jonatan Sisco, abogado de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, explicó días atrás que "dicho régimen no puede continuar de forma permanente" debido a que "la Constitución lo prohíbe, porque no estamos en guerra".
No obstante, de llegar a considerarse una nueva prórroga por parte del gobierno, Sisco manifestó que "el sacrificio de las libertades por un poco de seguridad puede llevar a perder ambos derechos" como ha ocurrido en Nicaragua, Venezuela y Cuba.
"Al prorrogar el régimen de excepción se puede convertir en un Estado Policial, en ese tipo de Estados se mantiene un estricto control sobre las libertades de pensamiento, opinión y expresión, asimismo se ejercen actos de violencia estatal contra individuos y esas acciones ilegales quedan en total impunidad, eso ya ha sucedido en la historia de El Salvador", puntualizó en declaraciones que ofreció a El Diario de Hoy el 28 de abril.