Contingentes de militares y policías montan retenes y detienen a automovilistas y pasajeros de buses; entran a casas, revuelven muebles y techos y se llevan a moradores; amenazan con detener y condenar a varios años de cárcel a quien quebrante el orden público; suspenden las reuniones y hasta las procesiones católicas; se auxilian de delatores u “orejas” que aprovechan para señalar a enemigos personales o a quien “los mire mal”…
Esa película que los salvadoreños están viviendo hoy es la misma que los salvadoreños protagonizaron en los años 70' y 80' y que fue el detonante de una guerra de 12 años. Hagamos un repaso…
Estado de sitio, suspensión de garantías constitucionales, régimen de excepción… así se ha venido denominando a las sucesivas suspensiones de derechos civiles y que han dado paso a abusos, tanto ahora como en el pasado. Así como hace 40 años a los capturados indiscriminadamente se les endilga pertenecer a grupos violentos y se les llama “terroristas” sin siquiera haberse probado que lo sean ni que hayan cometido delito.
Primero en 1978, el régimen de Carlos Humberto Romero decreta la Ley de Garantía del Orden Público, que si bien buscaba aplastar a las organizaciones guerrilleras y sus brazos de masas, permitía abusos y violaciones a los derechos humanos con total impunidad.
La ley establecía penas de tres a siete años de prisión a “los que propaguen de palabra, por escrito o por cualquier otro medio en el interior del país, o envíen al exterior, noticias o informaciones tendenciosas o falsas destinadas a perturbar el orden constitucional o legal, la tranquilidad o seguridad del país, el régimen económico o monetario, o la estabilidad de los valores y efectos públicos; los que den cabida en los medios masivos de difusión a tales noticias e informaciones y los salvadoreños que encontrándose fuera del país divulguen en el exterior noticias e informaciones, de la misma naturaleza”.
También se penaban “las demostraciones inequívocas y expresas dadas a conocer, de la conexión del hecho con los objetivos de tales doctrinas (anárquicas), consistentes en manifiestos, frases, palabras, letras, y signos o siglas de la denominación de agrupaciones clandestinas, y toda otra clase de figuras o emblemas, que aparezcan con anterioridad, simultáneamente, o con posterioridad a la ejecución del delito”.
Y LA PALABRA
Previamente, el régimen había suspendido las garantías constitucionales desde el 28 de febrero de 1977, cuando el ejército y la policía sofocaron a sangre y fuego una multitudinaria protesta en la Plaza Libertad, en el corazón de San Salvador, contra el denunciado fraude en las elecciones del 20 de febrero que dieron el triunfo al general Carlos Humberto Romero. Ese Estado de Sitio se mantuvo hasta el 27 de junio del mismo año, es decir, el decreto fue prorrogado tres veces.
Romero impuso posteriormente la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público como un Estado de Sitio permanente, que desató la represión contra la oposición, las capturas arbitrarias, los cateos sin orden judicial y la delación a través de la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN) y grupos paramilitares.
La represión que vino después, con sangrientas masacres en el centro de San Salvador por la dispersión de marchas populares a tiros y las detenciones extrajudiciales sólo llevaron a más violencia, pues la guerrilla urbana contestó con fuego, secuestros de empresarios y diplomáticos y ataques a puestos militares y sus organizaciones de masas intensificaron las protestas y comenzaron a armarse.
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En mayo de 1979, los miembros del Bloque Popular Revolucionario (BRP) que se habían tomado la Catedral Metropolitana y se mantenían lanzando mensajes y cantando Nueva Trova en las gradas del pequeño atrio fueron desalojados a tiros, lo cual dejó varios muertos. En los meses previos había sucedido lo mismo con una marcha en el parque Libertad, por lo cual los manifestantes tuvieron que refugiarse en la Iglesia del Rosario y enterrar allí a los que cayeron bajo las balas. El mundo veía con estupor todo eso y la mano dura de Romero le trajo resultados contraproducentes.
El 15 de octubre de 1979, un grupo de oficiales jóvenes derrocó a Romero y convocó a sectores tanto de la derecha empresarial como de la izquierda intelectual a formar gobierno. La que se denominó Junta Revolucionaria de Gobierno comenzó a abrir espacios y emitir “reformas progresistas” por decreto, pero enfrentó un contragolpe que volvió a perpetrar masacres de manifestantes y obligó a salir del poder a la izquierda progresista en enero de 1980 y ascender a los democristianos para lanzar una reforma agraria y bancaria que le restara banderas populares a la izquierda guerrillera. ORDEN fue disuelta por decreto, pero sus miembros siguieron operando en apoyo de la policía como delatores o auxiliares, con la tolerancia del grupo en el poder.
La junta de militares y democristianos comenzó a cerrar espacios alegando que “luchaba contra el comunismo”, lo cual exacerbó la represión y la respuesta violenta de la izquierda militante, como se pudo registrar el 22 de enero de ese año cuando una gigantesca marcha de la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM) fue disuelta a tiros en pleno centro de San Salvador.
Las capturas y cateos estaban a la orden del día en San Salvador, sus barrios y colonias y el interior del país. Las cárceles se llenaron de presos políticos.
Tras el asesinato de San Romero y la estampida que se formó durante su entierro, frente a la Catedral Metropolitana, la junta decretó el estado de sitio y el encadenamiento periódico de la radio y la televisión, medidas que fue prorrogando como patente de corso, según argumentaba, para combatir el comunismo, pero realmente era un cheque en blanco para cometer abusos y quedar en la impunidad.
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El 10 de enero de 1981, con el lanzamiento de la primera ofensiva guerrillera, con énfasis en San Salvador y Santa Ana, la junta agrega el toque de queda al Estado de Sitio.
Al cabo de unos meses, levanta el toque de queda, pero no el Estado de Sitio, que sigue rigiendo hasta que se instala una Asamblea Constituyente que redacta una Carta Magna.
El Estado de Sitio y el toque de queda no volvieron a regir hasta noviembre de 1989, cuando la guerrilla lanzó su ofensiva Hasta el Tope y se tomó colonias y barrios de la capital y la periferia, así como en el interior del país.
Haciendo lo que hacían “los mismos de siempre”
ANTES
1-Se decretaba suspensión de garantías constitucionales o Estado de Sitio alegando que era necesario combatir el comunismo. Se capturaba y se reprimía a personas pertenecientes a la insurgencia, pero también a gente que no tenía nada que ver con ella, como miembros de movimientos de la Iglesia Católica.
2-Los Estados de Sitio se mantienen vía decretos prorrogables de facto o una ley específica como la de Defensa y Garantía del Orden Público.
3-Los cuerpos de seguridad juzgaban como subversivas a las personas sólo por su apariencia.
4-Se lanzan advertencias en contra de los medios para que eviten la difusión de “doctrinas anárquicas”, so pena de encarcelar a sus responsables.
5-Se disuelven a tiros y con gas lacrimógeno las marchas de protesta. Previamente contingentes militares catean buses para evitar que lleven militantes a las manifestaciones.
6-Funcionarios del gobierno salían por los medios acusando a opositores de tener vínculos con el comunismo internacional.
Y AHORA
1-Se decreta el régimen de excepción, un equivalente del Estado de Sitio, con el argumento de combatir a las pandillas. Capturan a pandilleros, pero también mucha gente que no tiene nada que ver, incluyendo miembros de las iglesias Católica y Evangélica.
2-El régimen de excepción ha sido prorrogado una vez, que es el plazo que la Constitución prevé, pero no sería extraño que lo mantuvieran de hecho.
3-La policía y el ejército detienen a las personas por considerar que pueden ser pandilleras sólo por su apariencia o por llevar tatuajes.
4-Se lanzan advertencias en contra de los medios para que eviten la difusión de “mensajes de las pandillas”.
5-Funcionarios del régimen amenazan con vincular a las pandillas y encarcelar a quienes marcharan el 1 de mayo. El gobierno mantiene retenes y cachea a los pasajeros de los buses para evitar que atiendan la convocatoria a manifestaciones.
6-Funcionarios del gobierno salen por los medios acusando a críticos y periodistas de tener vínculos con las pandillas, para intentar descalificarlos y desacreditarlos al punto que tengan una “muerte civil”.