Ciudad Futura, Cuscatancingo, 1:00 de la madrugada del 23 de abril. En la casa de Irvin José Quijano López (25 años) duermen su compañera de vida, los dos hijos de su pareja; su abuela y su hermana. Las seis personas descansaban cuando comenzaron los gritos de agentes policiales fuera de la vivienda.
"Vinieron como seis a ocho policías, tocaron la puerta bien fuerte y dijeron que saliéramos todos", explica la compañera de José, quien pide que su nombre no se haga público, porque tiene miedo. "Actuaron como que él era de los más buscados, fue horrible. El pasaje estaba lleno de policías", narra.
A José lo acusaron de vínculos con pandillas, un señalamiento que ha sido común en las cientos de detenciones que ha habido en el país desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo pasado.
La familia sostiene que el señalamiento es falso. Para demostrarlo, intentaron explicar a los policías, documentos en mano, quién es José: tenían una carta del empleo del joven, que trabaja en mantenimiento en un almacén de ropa; y también una carta oficial de un juzgado, que señala que en 2019 salió libre de la cárcel, después de que en 2017 fue arrestado bajo acusación de haber traficado droga, pero no se encontró pruebas para demostrarlo. El Diario de Hoy tuvo a la vista el documento del juzgado que lo declaró en libertad.
Consciente de esa situación que vivió, de esos dos años en prisión antes de recuperar legalmente su libertad, y cómo eso podía afectarle en el régimen de excepción actual, José ya había hecho una cita para tramitar la solvencia de la Policía, la cual tenía programada para el 2 de mayo, con la idea de tramitar después sus antecedentes penales. Pero no pudo presentarse: los policías se lo llevaron de madrugada ese 23 de abril y, desde entonces, la familia no ha sabido más de él.
"Los policías no tenían ninguna orden o documento, no sabían cómo se llamaba mi esposo. Solo golpearon la puerta, mi suegra les dijo que ya iba a abrir, y ellos gritaron que se apurara o ellos la botaban. Salió mi cuñada y mi esposo, y vino un agente y le dijo: a vos te vamos llevar", cuenta la compañera de vida del hoy detenido.
Cuando intentaron mostrar los documentos ya mencionados, "el policía bien molesto solo me dijo 'señora quítese y guarde esos papeles, que los va a presentar en la delegación de la Zacamil'. Me acerqué a otra patrulla, y le dije a otro policía que por qué no me dejaban hablar, que por qué no me escuchaban, y me dijo 'no señora, así deje eso'. Y se lo llevaron", cuenta Ana López, 56 años, madre de José.
En la misma madrugada que se lo llevaron, los familiares fueron a la delegación policial que está en Ciudad Futura; luego, a la Zacamil, como había dicho el agente. En ningún lugar les dieron información ni respuestas, y los enviaron a la Procuraduría General de la República (PGR).
A la Procuraduría ya fueron en cinco ocasiones y han tenido pocos avances y cero información sobre el paradero de José.
Por indicaciones del personal de la PGR, la pareja del detenido firmó una declaración jurada de que es su compañera de vida; consiguieron que un notario autenticara la escritura de la casa en Ciudad Futura, que es de la madre de José; pero nada más.
La última indicación que recibieron es que tendrán que esperar 15 días después de la detención, entre el 10 al 11 de mayo, para que José enfrente una primera audiencia.
Familiares de otra persona detenida les avisaron que, al parecer, habían llevado a varios capturados en Ciudad Futura al Penal La Esperanza, en Mariona; cuando fueron a preguntar por José, no les dieron ninguna información.
Operación en el aire
La familia de José tiene miedo de que sea despedido por esta detención que consideran injusta. Hay preocupación, porque el sueldo de su pareja no alcanza para pagar las cuotas de la casa ni de la moto de Quijano. Su compañera de vida, de 30 años, trabaja en una cafetería y su salario no da abasto.
Como preocupación extra, la pareja de José necesitaba de su apoyo como donante de sangre, ya que ella tiene dañada su vesícula biliar y, de no ser operada, corre riesgo de muerte.
En el plan hacia la operación de la señora, José debía donar sangre el 25 de abril, para que luego su compañera de vida fuera operada en los dos meses siguientes. Pero jamás pudo ir a donar, por su detención.
"Tenemos miedo de hacer esta denuncia, nos sentimos bajo amenazas. Me parece injusto lo que está pasando, porque mi esposo nada que ver con pandillas. Pero que se haga la voluntad de Dios", expresa la señora, quien teme por su vida por la colitis aguda que padece, por la seguridad de su familia y por el futuro de su esposo.