Entre las instituciones que son más denunciadas en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), está la Policía. En este caso, el recién reelecto presidente de esa entidad, Néstor Castaneda, informó este miércoles en la entrevista televisiva con TCS, que en los últimos 5 años, han recibido varias denuncias de agentes policiales por el mal uso de las patrullas.
“Tuvimos un caso de un carro patrulla que estaba con agentes en un bar en La Libertad, se comprobó que no andaba ningún oficial. Muchas veces tienen accidentes de tránsito los mismos agentes por situación de embriaguez”, manifestó Castaneda.
Añadió que ese es el tipo de denuncias que ha recibido el TEG en los últimos 5 años en contra de la institución policial, por casos arbitrarios y utilizar las patrullas en actividades que no son propias de la Policía.
Además de la corporación policial, el Tribunal de Ética recibe denuncias en contra de jueces, de secretarios de juzgados, de maestros, de médicos que trabajan en el sector público, de fiscales y de agentes auxiliares de la Procuraduría General de la República (PGR).
Castaneda señaló que le han prestado atención especial a las denuncias en contra del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud Pública porque atentan en contra del bienestar directo de la población.
Por ejemplo, señaló que en el caso de los profesores las denuncias recibidas son por mucha ausencia laboral en los centros educativos y porque solicitan ayuda económica a los padres de familia.
Sobre los médicos, Castaneda refirió que tuvieron un caso bien emblemático de 16 médicos que trabajaban en un hospital público y al mismo tiempo en el Seguro Social, pero que lograron sancionarlos.
La Asamblea Legislativa es bien denunciada por los casos de nepotismo y las ausencias laborales. En esta entidad, Castaneda explicó que se hace un poco difícil a veces de poder determinar las contrataciones de familiares por parte de los funcionarios públicos, porque al investigar el mecanismo de contratación del empleado, resulta que la autoridad legislativa no intervino en el proceso de contratación de su familiar, porque se lo pidió a otro funcionario de la Asamblea hacerlo y quien aprueba la contratación es la Junta Directiva.
“Es algo como un fraude de ley, porque el diputado se lo pide a otro diputado. Es un ardid, que lo pide a otro diputado y quien aprueba es la Junta Directiva. No es suficiente para lograr la responsabilidad”, expresó Castaneda.
Al respecto, mencionó que para estos casos, entre las reformas solicitadas a la Asamblea a la Ley de Ética Gubernamental en 2018, se pidió poder sancionar cuando se determine el nepotismo con solo el hecho de que se establezca la familiaridad del contratado con la autoridad de la institución.
Los agentes auxiliares de la Procuraduría General de la República también son denunciados por solicitar beneficios económicos a los usuarios cuando el servicio de defensoría legal debe ser gratuita.
Por otra parte, Castaneda explicó que han impuesto en los últimos cinco años $263,000 en multas por infracciones a la ley de Ética Gubernamental, sin embargo, solo han podido cobrar $72,000, el resto está en manos de la Fiscalía.
Dentro del pliego de reformas presentadas en la Asamblea en 2018, Castaneda dice que pidieron aumentar la sanción de 40 salarios mínimos que establece la ley vigente a 300 salarios mínimos, es decir que la multa máxima rondaría en $100,000.
Así como otras enmiendas, entre ellas, que el funcionario sancionado sea inhabilitado para ejercer el cargo; y que no pueda buscar una reelección.
El Tribunal de Ética recibió 2,151 casos en el último quinquenio, de los cuales han resuelto 1,961, detalló Castaneda.