Por PUESIESQUE…el proyecto fascista que se impulsa desde Casa Presidencial (CAPRES) ya comienza a dejar sus primeras víctimas: muertes y detenciones arbitrarias. Eso es un anuncio de lo que viene para los salvadoreños.
En efecto, investigaciones periodísticas informan que al menos 5 compatriotas que, detenidos en el contexto del inconstitucional, ilegal e inmoral régimen de excepción, han fallecido por golpizas o por desatención médica: frente a ello, tanto la administración central como las instituciones de control guardan un vulgar y ofensivo silencio.
En un país mínimamente civilizado y con funcionarios públicos mínimamente decentes, ante las denuncias de prácticamente ejecuciones o desatenciones al interior de los centros penitenciarios, inmediatamente saldrían el director de prisiones a dar explicaciones, o la fiscalía y la procuraduría de derechos humanos informarían que ya han iniciado investigaciones para determinar responsabilidades y, por supuesto, declarar que el Estado asume la responsabilidad por esas muertes en centros bajo control estatal.
Ah…disculpen que se me olvidaba: resulta que en El Salvador, el director de prisiones forma parte -según Estados Unidos- de un clan familiar que se dedica a la corrupción, ya que dicho director es un hijo de su mamá, con la peculiaridad que ambos -hijito y mami- están designados bajo la ley Magnistsky como violadores de derechos humanos.
Ah…disculpen, también olvidaba que es difícil que el director de prisiones haga algo por investigar muertes al interior de cárceles, pues él mismo se dedica a divulgar videos que muestran torturas contra detenidos.
Y de las instituciones de control, pues…mejor ni hablemos.
Sobre las detenciones arbitrarias, parece que pasan de decenas y quizá hasta de centenas, pues incluso la misma CAPRES admite, en una expresión del cinismo más vulgar y ofensivo, que entre miles de detenciones existe “un margen de error”, así que personas no involucradas en delitos pueden ser detenidas: es que en el alucinante mundo de CAPRES, que se alteren las reglas elementales de la investigación del delito es un simple daño colateral, pero no pasa nada.
Seamos francos y directos: en el actual estado de la civilización, una persona puede ser detenida -salvo en situaciones de flagrancia- como resultado de una investigación que permite apreciar, por una parte, que se ha cometido un delito y, por otra parte, que hay indicios de que una persona concreta cometió tal delito.
Nada de eso se cumple con las capturas masivas durante el régimen de excepción, pues se detiene por la mera apariencia, por subjetivas y arbitrarias “sospechas” de un soldado o de un policía o, incluso, según denuncias, para cumplir una “cuota” de capturas.
A tal efecto, desde CAPRES y sus acólitos se ha insistido, a través de la propaganda fascista que todos pagamos, que si el detenido no ha cometido ningún delito, pronto saldrá libre: ¡NO! Ese el mundo al revés, es la confirmación de la visión autocrática de este gobierno.
Insisto que en el actual estado de la civilización, las detenciones no son para investigar, sino que deber ser el resultado de una investigación el que demuestre que al menos hay indicios del hecho y de la participación de una persona: ahora, con el régimen dictatorial que vivimos en el país, es al revés, ya que primero los detienen, después suben las fotos a Twitter y luego ya verán de qué acusan al detenido (por supuesto, no existirá investigación alguna).
Por cierto, qué vergüenza causan los “jueces” que se están prestando a declarar las detenciones provisionales, sin límite de tiempo, de personas detenidas con motivo del régimen de excepción, llevando a cabo audiencias con decenas y hasta cientos de detenidos: perdonen, pero esas personas no son jueces, son simples “verdugos jurídicos”, pues han traicionado su formación, sus principios y la mínima decencia.
Por eso es por lo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), apoyada por la Asamblea Legislativa (AL), ha dispuesto ocultar la identidad de esos jueces, al modo de “jueces sin rostro”, al estilo de ejecutores con una capucha con punta: a la CSJ misma le da vergüenza hacer público a las personas que ha nombrado como jueces.
Sé que muchas personas en este país -incluso, quizá la mayoría- dirán que no importa que muera algún que otro muchacho pobre, sobre todo si tiene tatuajes, pero eso solo muestra la deshumanización a la que ha conducido el discurso de odio desde CAPRES.
Entérense: desde CAPRES, en El Salvador rige un “reino” de maldad, de incapacidad y de corrupción.
Abogado constitucionalista.