Úrsula Indacochea es una jurista que ha diseccionado de forma técnica la destitución de la Sala de lo Constitucional.
Las acciones que la bancada de Nuevas Ideas realizó en su primera plenaria en torno a los magistrados no pasa ningún examen jurídico.
“Los estándares internacionales sobre independencia judicial establecen tres componentes principales: un adecuado proceso de nombramiento, la garantía de la inamovilidad de los jueces y la garantía frente a presiones externas. Todos ellos fueron violentados el 1 de mayo de forma grave”, explica.
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La experta de la Fundación para el Debido Proceso denomina “golpe técnico a la justicia” la maniobra del oficialismo de remover el único control constitucional de sus actos.
“El ejercicio y el acceso de los magistrados ilegítimos al cargo ha sido hecho al margen de la ley y lo mismo la remoción de los magistrados, violando la separación de poderes porque con eso se consolida un único poder político que controla la totalidad de las ramas del Estado”, detalla Indacochea.
Explica la profesional que a un año de ese golpe ya pueden verse los efectos a nivel interno de la Corte Suprema de Justicia.
“Hay afectación de la confianza al interior de la Corte. Las personas que llegaron a integrar la Sala de lo Constitucional incluían personas que ya estaban en la Corte antes y por lo tanto se instaló la desconfianza de no saber si mi colega tiene una vocación democrática o no”, dijo.
“Los efectos se traducen a toda la población está la eliminación de la garantía de un recurso efectivo para denunciar las violaciones a sus derechos. Al haber ocurrido esto en el máximo tribunal del país esa garantía se ha visto gravemente afectada”, concluye.