A criterio del padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), con las reformas penales que castigan hasta con 15 años de cárcel a quienes divulguen mensajes alusivos a pandillas a través de los diferentes medios de comunicación y plataformas digitales el gobierno de Nayib Bukele pretendería "controlar la libertad de expresión".
Se trata de la enmienda al Código Penal que agregó el artículo 345-C que penaliza de 10 a 15 años por reproducir material que haga referencia a los grupos delincuenciales a través de la radio, televisión, prensa y redes sociales. La prohibición también quedó establecida en una modificación que los diputados avalaron en la Ley de Proscripción de Pandillas.
Las reformas avaladas de forma exprés el pasado 5 de abril han sido cuestionadas por diversos sectores, entre estos el gremio de periodistas, por considerarlas "mordaza" y que no solo "criminaliza" el ejercicio de esa profesión sino que vulnera el derecho a la información a la ciudadanía.
En ese sentido, Oliva se sumó a la críticas y consideró que "es una manera de limitar la libertad de expresión, que es un derecho fundamental que está incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creo que eso es muy peligroso y es un avance más hacia el control que quiere tener este gobierno de la sociedad y de la información".
Cree que las reformas que tienen "una redacción muy amplia, poco precisa y que permiten que cualquier medio o periodista pueda ser acusado de esto se autocensuren para evitar ser demandados".
El pasado 19 de abril, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y Cristosal solicitaron a la Sala de lo Constitucional que declare ilegal las enmiendas.
Otras "reformas penales peligrosas"
Oliva se refirió, también, a otras reformas penales que la Asamblea Legislativa aprobó de forma exprés el pasado 30 de marzo en el marco del inicio del régimen de excepción, las cuales calificó como "más peligrosas que la misma" medida con la que se han restringido al menos cuatro derechos fundamentales temporalmente a la ciudadanía.
A petición del gobierno de Nayib Bukele, los diputados avalaron una serie de enmiendas para reforzar el combate a las pandillas, algunas de las modificaciones fueron hechas al Código Penal para incrementar las penas de entre 30 y 45 años de cárcel para quienes pertenezcan a esos grupos criminales.
"Estas reformas son más peligrosas que el mismo estado de excepción, se han duplicado las penas en muchos casos, se ha reformado que las personas menores de edad pertenecientes a pandillas podrán ser tratadas como adultas y se les podrá poner penas de hasta 10 años y se ha reformado un artículo en que una persona podrá ser y permanecer privada de libertad sin tener una condena, de manera indefinida".
Afirmó que a diferencia del régimen de excepción que es temporal dichas modificaciones son permanentes y "violan los tratados internacionales respecto a cómo deben de ser tratadas las personas privadas de libertad".