En los últimos días, a la Asamblea ya se le hizo costumbre y a petición del Ejecutivo, aprobar normativas que erradican la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Este mediodía los diputados del oficialismo y sus aliados aprobaron con 67 votos a favor la "Ley de Régimen Especial para la Simplificación de Trámites y Actos Administrativos Relativos al Tren del Pacífico".
Los diputados de la oposición cuestionaron duramente el procedimiento a seguir. Alegaron que la falta de transparencia en el uso de recursos públicos es uno de los vacíos legales que adolece la normativa, tomando en cuenta que no se estima cuando se terminará el proyecto.
La petición ingresó a la plenaria la semana pasada y en pocos días la comisión de Economía emitió el dictamen favorable, tras recibir al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez y a representantes de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
No sin antes recibir los cuestionamientos de los diputados de oposición de la falta de transparencia que se dará en ambos proyectos al no aplicar la ley LACAP.
El titular del MOP explicó a los diputados que la primera fase del Tren del Pacífico iniciará en el Puerto de Acajutla en Sonsonate y concluirá en San Salvador, pero en la primera etapa el tramo abarcará entre Acajutla y el Sitio del Niño, en San Juan Opico, del departamento de La Libertad.
El Ejecutivo pretende que el Tren del Pacífico pueda trasladar carga y pasajeros.
Las estaciones que tendrá el tren desde Acajutla hasta el Sitio del Niño son en los municipios de Sonsonate: Caluco, Los Lagartos y Armenia; y en La Libertad, Ateos y Caballería.
Para todas estas obras el Ministerio de Obras Públicas tendrá que adjudicar primero el diseño básico para poder lanzar a licitación el diseño y construcción del Tren. Todo lo anterior podría tardar unos nueve meses, según dijo Rodríguez.
En el primer tramo que va desde Acajutla hasta el Sitio del Niño, el MOP estima que hay 12 cruces en ríos en donde se harán puentes, adicionalmente también tendrán que construir pasos en 15 puntos en donde hay afluentes de agua, también se prevén obras de drenaje y otras 17 intersecciones con carreteras.
El ministro de Obras Públicas aseveró que el diseño del Tren deberá contener 19 componentes, el estudio de demanda, de tráfico, de topografía, de sismicidad, sistemas de patios, talleres y análisis de riesgo y contingencia.
Construcción del Aeropuerto del Pacífico
Para este día, la Asamblea también tiene previsto aprobar la construcción del Aeropuerto del Pacífico, en el departamento de La Unión. En esta obra CEPA, quien será la entidad encargada de administrar el proyecto, estima que en el primer año de operaciones la terminal movilice a 80 mil pasajeros con 1,700 posibles operaciones aeronáuticas y transcurrido 10 años de estar operando consideran que podrán movilizar a un millón de pasajeros con 17,900 operaciones aeronáuticas y después de 25 años a tres millones de pasajeros.
El aeropuerto contará con 10,000 metros de pista de vuelo y en su primera etapa, se construirán 6 puentes de abordaje para pasajeros.
Al igual que con las obras del Tren del Pacífico, el proceso de licitación del aeropuerto no se hará bajo la LACAP, sino que los procesos de compra estarán regidos por los lineamientos de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC), del Ministerio de Hacienda.
Asimismo, las compras que se hagan en el marco del proyecto estarán exentas de impuestos, y durante 25 años se exonerará el impuesto sobre la renta, Impuesto al Valor Agregado (IVA) e impuestos municipales para las empresas que participen y las que operen el proyecto una vez que esté listo.
Cuestionan falta de transparencia
"Lo que se ha estado analizando es que la LACAP pasa a un tema de segundo plano en materia de cumplimiento mínimo de transparencia y rendición de cuentas y buena administración de los recursos públicos", indicó Wilson Sandoval, abogado y experto en temas de transparencia, quien señaló que evadir la normativa por parte del gobierno para hacer las compras violenta la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual "El Salvador es suscriptor".
Sandoval se refirió, además, al discurso del oficialismo que hace referencia que en el pasado con la Lacap también "había corrupción" y que eso se reflejó en administraciones anteriores; sin embargo, el experto aclaró que dichos casos fueron del conocimiento de la ciudadanía a través de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), datos que en la actual gestión de Nayib Bukele están en reserva.
"Lamentablemente, este gobierno se ha caracterizado por evadir los controles de las compras públicas. En lugar de dejar un legado de transparencia, probidad y rendición de cuentas, optó por la opacidad y eliminar a las instituciones que podían auditar y verificar el uso de fondos públicos y por limitar el derecho de la población a conocer la ejecución de los gastos. La ciudadanía debe saber que la falta de transparencia abre las puertas y ventanas de la corrupción", afirmó la directora anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López.
Similar opinión vertió la directora de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Xenia Hernández, quien recordó que "abolir los controles en las compras y contrataciones públicas ha sido y es una de las acciones constantes de este gobierno desde la pandemia, aprovechan cualquier problemática o situación de emergencia en este país para revestir de 'legalidad' haciendo creer a la población que esas medidas son necesarias para actuar de manera rápida".