La Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor de las propuestas de Ley Especial de Simplicación de Trámites Administrativos Relativos al Tren de Pacífico y la Ley para la Construcción, Operación, Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, con las que el gobierno omitirá la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) para la ejecución de dichos proyectos.
Los diputados revisaron el articulado de las iniciativa tras recibir en la mesa legislativa este lunes al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, y a representantes de la Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA), quienes expusieron sobre la construcción del tren y el aeropuerto del Pacífico.
Rodríguez planteó en la comisión la necesidad de aprobar la normativa, según él, "para agilizar los procesos de compras, bajo lineamientos establecidos por la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC) del Ministerio de Hacienda". Negó que no usar la Lacap signifique "corrupción".
Entre los argumentos que manifestó el funcionario es que algunos proyectos ejecutados en administraciones anteriores pese a que se aplicó dicho procedimiento hubo señalamientos. Sin embargo, expertos en transparencia han cuestionado que los casos conocidos en el pasado se dieron a través de La Ley de Acceso a la Información Pública (IAIP), aspecto que en la gestión de Nayib Bukele ha sido bloqueado al poner en reserva a datos relacionados a la ejecución de fondos del Estado.
Indicó que tienen planeado una primera línea del tren del pacífico que será desde el Puerto de Acajutla hasta San Salvador, pero esta se construirá por fases, la primera llegaría hasta Sitio del Niño, en San Juan Opico, La Libertad, luego se extenderá hasta el gran San Salvador.
La diputada del FMLN, Anabel Belloso, reiteró sus críticas al proyecto tomando como base que durante la pandemia se utilizaron mecanismos similares por parte del gobierno actual que culminaron en señalamientos contra algunos de sus funcionarios.
"Durante los primeros meses de la pandemia, donde hay funcionarios actuales o exfuncionarios de este gobierno que en esquemas fuera de la Lacap han sido señalados por actos de corrupción, con fondos de la emergencia, por ejemplo el Ministro de Salud por otorgar más de $225 mil a compras de empresas de familiares, la compra de mascarillas al expresidente del Fonaes, claro casos de corrupción, de conflicto de intereses", sostuvo.
Belloso preguntó si la urgencia para evitar los procedimientos de la Lacap y si ya se cuentan con los permisos entre estos el de factibilidad medioambiental es porque ya se tienen establecidas las fechas para finalizar el proyecto.
En ese sentido, la legisladora también cuestionó qué pasará con las familias que viven la línea férrea, pues los plazos para la reubicación serían "muy cortos". Reiteró que en el texto de la propuesta de ley no quedaba "explicita la obligación asumir el compromiso de otorgar una alternativa apegada a la realidad".
"En este momento está en licitación el diseño y al tenerlo adjudicado se le está dando a la empresa cerca de cuatro meses para que nos entregue el primer informe final del diseño y con eso sacar una licitación de diseño y construcción para diseñar a detalle el proyecto del tren", expresó Rodríguez.
El funcionario dijo que "la idea es comenzar con ese tramo donde tenemos menos afectaciones y al tener el diseño, la empresa puede comenzar de manera inmediata, porque no hay que adquirir viviendas ni terrenos". Aunque mencionó que ya trabajan en alternativas habitacionales para quienes lo requieran.
También llegaron a la comisión representantes de CEPA, para dar sus insumos en torno a la propuesta de ley para la construcción del aeropuerto del Pacífico.
Alex López, delegado de la autónoma, manifestó que al igual que la normativa para el tren del Pacífico, "los procesos de compra será la UNAC de Hacienda la encargada de desarrollar los procesos de adquisición y contratación".
De acuerdo con los dictámenes favorables, en ambas obras, los involucrados contarán con la exoneración de aranceles e impuestos. López aclaró que en el caso de la terminal aérea la exención de tributos está establecida por un periodo de 25 años para las empresas que vengan a ser parte del desarrollo del proyecto.
Además, las iniciativas facultan a la Corte de Cuentas para realizar auditorías, según se expuso durante la ponencia.