Ante la solicitud que el presidente Nayib Bukele hizo el sábado anterior a la Asamblea Legislativa de prorrogar por 30 días más el régimen de excepción, medida que fue aprobada el domingo en plenaria extraordinaria, abogados penalistas, constitucionalistas y dirigentes de organizaciones sociales consideran que no hay razones para que se imponga una prórroga del mismo.
Hasta el sábado anterior, la Policía Nacional Civil (PNC) había reportado la captura de más de 16,000 personas en el marco del régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 27 de marzo a solicitud de Bukele, ante una escalada de homicidios que en tres días dejó 87 víctimas.
Durante la vigencia del mismo, si bien es cierto que los abogados consultados reconocen que se ha encarcelado a muchos miembros de pandillas que mantenían control territorial en algunas comunidades, también se ha cometido violaciones a derechos humanos y abusos contra personas que han sido encarceladas sin tener vínculos con grupos delincuenciales.
Además de las decenas de casos de arrestos injustificados que se han conocido a través de denuncias en redes sociales por parte de familiares de los detenidos, cuatro personas arrestadas durante el régimen de excepción, han muerto en el penal de Izalco, tras ser golpeados de tal manera que perdieron la vida.
No era necesario y ahora menos
Para el abogado Eduardo Escobar, de la asociación Acción Ciudadana, no era necesario que se impusiera el régimen de excepción porque, desde su punto de vista, las autoridades de Seguridad no tenían ningún impedimento legal para proceder a la detención de los miembros de pandillas.
“Cada vez se sabe con mayor precisión que tenían delimitadas las zonas, mapeados los lugares, quiénes eran los cabecillas, qué actos delictivos cometían, entonces no era necesario el régimen de excepción teniendo las herramientas legales necesarias para proceder a investigar, detener y llevar a juicio a todos los pandilleros. Partiendo de eso no era necesario el régimen de excepción, pero lo aprobaron”, explicó Escobar.
Según el abogado, para que se prorrogue el período deben de subsistir las causas que originaron la adopción de las medidas, es decir, que el Estado tuviera dificultades para ejercer control en el territorio o que no su hubiera logrado contener el alza de homicidios, “pero eso no es lo que está pasando, porque ya el gobierno está anunciando días sin ningún homicidio. Eso nos llevaría a concluir que las causas para adoptar esas medidas han desaparecido”, detalló.
Escobar considera que el propósito de prorrogar el régimen de excepción es simplemente para alimentar la narrativa de la guerra contra las pandillas. “Recordemos que en el país hay una serie de situaciones que pueden golpear la popularidad del gobierno, entonces hay que ocultarlas. Estamos hablando de la situación económica, el alza de precios, el desempleo, la situación fiscal del Estado, todo eso puede hacerle mella al gobierno porque no puede tener control sobre la situación económica, pero de lo que sí puede tener control es de la narrativa sobre la criminalidad, del terror de las pandillas”, puntualizó el director ejecutivo de Acción Ciudadana.
La opinión del abogado constitucionalista, Enrique Anaya Barraza, es coincidente con la de Escobar en cuanto a que no existen motivos fundados para que se apruebe la prórroga del régimen de excepción, que se justificó en el alza de homicidios durante tres días a finales de marzo.
“Se justificó por alza en homicidios, pero, según la propaganda oficialista, ya se redujo y controló tal tragedia, así que el Estado debe combatir la delincuencia con las herramientas normales, sin violación a los derechos humanos”, afirmó Anaya Barraza.
“Militarización de la seguridad”
“Si algunos aún dudaban si las circunstancias del 25 y 26 de marzo pasado tendrán las características de excepcionalidad requeridas constitucionalmente para imponer un régimen de excepción, la prórroga del mismo confirma que la militarización de la seguridad pública se ha consolidado y será permanente”, afirmó la abogada Celia Medrano, investigadora especialista en derechos humanos, sobre la inminente prórroga del régimen de excepción.
Medrano considera que la reciente solicitud de Bukele a la Asamblea Legislativa de prorrogar el régimen de excepción, es evidencia que ante la mostrada inefectividad del llamado plan control territorial, el gobierno necesita permanentemente contar con la restricción de garantías y derechos para tratar de sostener la percepción de que está actuando frente a la criminalidad común y que la población tenga la sensación de ello.
Según la especialista en derechos humanos, la cantidad de atropellos cometidos durante estos 30 días son incontables, principalmente por el temor de las víctimas y familiares de denunciar; además aseguró que, igual que el plan control territorial, no se verán resultados a mediano ni largo plazo.
“El gobierno está gastando un recurso que en la Constitución y normativa internacional se establece con claridad que debe ser utilizado como última opción, el menor tiempo posible e inmediatamente levantado en cuanto las condiciones por la que supuestamente fue inevitable implementarlo, hayan disminuido”, detalló la abogada.
“Jamás fue necesario el régimen de excepción”
Mientras tanto, Lucrecia Landaverde, reconocida abogada penalista que ha defendido a varias personas capturadas bajo el régimen de excepción, opina que para capturar pandilleros no hace falta que se prorrogue el régimen de excepción y que jamás fue necesario que se impusiera el mismo porque la Fiscalía General de la República tiene la facultad de perseguir el delito, según Constitución y la su misma ley orgánica.
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“¿Por qué tienen que suspendernos los derechos a todos los salvadoreños por los delitos que cometen otros? Lo cierto es que es absurdo. Han invertido el principio de presunción de inocencia, ya no es ‘se presume inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad en juicio oral y público’, sino que es ‘se presume culpable hasta que no demuestre su inocencia en un tortuoso proceso donde se le violan todos sus derechos hasta que no demuestre que es inocente’”, recalcó la abogada.
Según Landaverde, bajo el régimen de excepción se ha encarcelado a muchísima gente inocente y se les ha acusado de pertenecer a pandillas o colaborar con esos grupos delincuenciales. “El único delito de esa gente inocente es ser pobre. Y los más grave, incluso se conocen cuatro casos donde mataron de la paliza que les dieron a los jóvenes capturados ¿Quién responderá por estos crímenes contra la población?”, cuestionó Landaverde.