Con 67 votos a favor, los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa acordaron extender por 30 días más el estado de excepción que se aprobó en la madrugada del 27 de marzo, luego de una ola de homicidios que dejó a más de 80 víctimas en menos de 72 horas.
Tras haber iniciado casi dos horas tarde la sesión plenaria extraordinaria que el presidente Nayib Bukele convocó para la aprobación de la prórroga, los diputados tuvieron intervenciones por igual cantidad de tiempo antes de la votación de la extensión del régimen de excepción.
Entre las opiniones, la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, hizo hincapié en que los argumentos para extender por 30 días la suspensión de derechos constitucionales se contradice con el discurso oficial. Con la prórroga del régimen “están diciendo que no se puede combatir la inseguridad sin quitarle los derechos constitucionales a los salvadoreños, luego de varias fases del Plan Control Territorial y de varios millones de dólares”, externó la diputada.
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Minutos antes, diputados del partido Nuevas Ideas, como la legisladora Alexia Rivas, habían presumido que “abril ha sido el mes más seguro en la historia”. Algo que, según el abogado y politólogo Wilson Sandoval, no coincide con lo establecido en la Constitución de la República, misma que especifica que un régimen de excepción podrá extenderse siempre que las causas que lo originaron se mantienen al momento del vencimiento de los 30 días de vigencia.
En ese sentido, tanto Ortiz como el diputado del FMLN, Jaime Guevara, señalaron que no es necesario que se prorrogue el régimen de excepción. En palabras de la diputada del partido Vamos: “No es necesario quitar los derechos constitucionales para atrapar a los delincuentes”.
Por su parte, la diputada efemelenista Marleni Funes añadió: “La motivación real (para la prórroga) es porque sus políticas públicas son un fracaso, se han quedado estancados en el discurso de odio”.
Lo expresado por los diputados concuerda con la opinión de abogados consultados por El Diario de Hoy, quienes han cuestionado la medida debido a la cantidad de abusos de autoridad que se han registrado en el último mes (ver nota aparte).
“Asamblea debe pedir informe detallado”
Minutos antes de que los diputados sesionaran para aprobar la extensión del régimen de excepción, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que desde que se aprobó el primer decreto el 27 de marzo, han sido capturadas más de 16,000 personas, de las cuales alrededor de 14,000 ya fueron remitidas a centros penales y 6,000 aguardan ya prisión formal.
Sin embargo, la diputada Ortiz señaló: “La Asamblea Legislativa debería pedir un informe detallado sobre el estado de excepción, más allá de los números de capturados”. Agregó que hasta la fecha se desconoce “si los más de 80 homicidios (que ocurrieron a finales de marzo) ya se resolvieron”.
Dentro de este punto, los diputados de oposición hicieron especial énfasis en los múltiples casos en los que ciudadanos han sido arrestados sin justificación, como parte de acciones arbitrarias de los cuerpos de seguridad.
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A propósito de ello, Marleni Funes añadió: “Con este estado de excepción, todos somos criminales”. Luego hizo referencia a las capturas de personas que han sido acusadas de formar parte de pandillas por utilizar tatuajes artísticos.
Aún así, y a pesar de las decenas de denuncias públicas por abusos de autoridad, Villatoro afirmó que en el marco del régimen de excepción el gobierno “ha sabido trabajar desde un estado de derecho sin perjudicar a la población”.
Para Sandoval, la afirmación del ministro Villatoro “es falsa, pues hay suficientes casos de personas inocentes que están en la cárcel, que no han sido escuchados por un juez e, incluso, han muerto. La gente debe comprender que inocentes no deben pagar por pecadores, eso no es estado de derecho”.
El experto en derecho también hizo referencia a muchos casos de víctimas del régimen de excepción que han presentado recursos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por haber sido arrestados sin justificación, y sin embargo no han sido escuchados.
“La Sala de lo Constitucional está incumpliendo los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por esa razón el régimen de excepción no está apegado al estado de derecho”, advierte.
Bajo la medida del régimen de excepción se suprimen las garantías constitucionales contempladas en los artículos 7,12, 13 inciso segundo y 24 de la Carta Magna. En dichos artículos se contemplan la “libertad de asociación, derecho de la defensa, plazo de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones”.
Para la experta en derechos humanos, Celia Medrano, la extensión del régimen de excepción confirma que "la militarización de la seguridad pública se ha consolidado y será permanente".
Medrano dijo a El Diario de Hoy que con esta nueva prórroga "se ratifica la violación a la Constitución de la República y se avecinan nuevas violaciones a derechos humanos".