Con gran triunfalismo, el presidente Bukele y sus servidores en la PNC y en la Fuerza Armada han anunciado que hasta el jueves había 14,000 capturados durante el período de excepción para combatir las pandillas, después que estos grupos criminales dieron una sangrienta demostración de su poder frente al fracasado Plan de Control Territorial, asesinando a 82 salvadoreños en menos de 3 días.
Es imposible que estas capturas masivas contribuyan a mejorar la seguridad en el país sin previa investigación para tratarlos como delincuentes, sin denuncias ni antecedentes penales.
Se supo que los policías debían cumplir una cuota diaria de detenidos, al oír sus comentarios “que bajen a ese, que ya cumplimos el número” o “que capturen a aquél para llenar la cuota”. Jóvenes estudiantes, honrados trabajadores, mujeres emprendedoras, que con engaños fueron sacados de sus casas o capturados en sus mismos lugares de trabajo. El cargo de asociaciones ilícitas y terrorismo se adjudicaba a cualquiera por sólo ir pasando.
¡Cuántas mujeres emprendedoras, jefes de hogar llenan ahora las cárceles, y cuántas otras han visto con dolor, como sus maridos también corrieron la misma suerte! Y sobre la incertidumbre económica para cubrir las necesidades del hogar, se suma el gasto extra de pagar por el kit del detenido y por su comida, que según amenaza de Bukele se irá recortando desde dos miserables tiempos al día, hasta uno solo o ni un frijol. Y para hacer más dramático el cuadro, los grupos de madres, hijos y parientes de todas las edades, al implorar información sobre el paradero de sus seres queridos, son maltratados verbalmente por las autoridades.
Porque los encargados de velar por el bienestar de la población imitan la prepotencia típica del bukelismo, insultando de manera grosera a los detenidos y a sus parientes, por vivir en zonas basura o vecindarios peligrosos. A gritarles que eduquen mejor a sus hijos, y que se retiren de inmediato bajo la amenaza de que también serán detenidos. Tristes grupos de personas viajando hasta el Penal de Izalco, que en lugar de una respuesta a la información solicitada, encuentran unos números telefónicos en un papel pegado a la pared, para que llamen pidiendo información.
Y aunque el régimen de excepción no permite organizar una protesta, ya el pueblo ha hablado demostrando su decepción y resentimiento hacia un presidente que les prometió una mejor calidad de vida, y se ha ensañado con los más vulnerables. “Qué caros nos han salido los $300 y las bolsas de alimentos que nos dieron” fueron las sabias palabras de una mujer atribulada en una carta al presidente. “Para los militares ser joven es un delito”. Y tras la captura injusta de un adolescente, el ingrato comentario del policía: “Seguro que luego vamos a hallarle algo”.
A los abogados se les exige que para defender a los detenidos deben presentar hasta 18 documentos, como arraigo familiar, escrituras de la casa de habitación, o recibo de alquiler, de agua y luz recientes, copia del DUI del dueño de la casa, declaraciones juradas de dos vecinos, más DUI, constancia de la junta directiva de la colonia y de la personería jurídica de dicha asociación, muchos de ellos apostillados por un notario. ¿Qué capacidad tiene esa pobre gente de tener esos documentos?
El presidente y sus funcionarios deben reflexionar cuánto tiempo les dará el pueblo para seguir con el triunfalismo de tantos miles de capturas. ¿Por qué los ciudadanos detenidos deben demostrar que son inocentes de los cargos que se le hacen? ¿No es la autoridad la encargada de probar su culpabilidad? El presidente Bukele debe escuchar los gritos de este pueblo injustamente maltratado, que ya está haciendo sonar su voz, y que “la voz del pueblo, es la voz de Dios”.
Maestra.