Un promedio de 578 personas han sido arrestadas cada día, desde que el 27 de marzo el gobierno salvadoreño implementó el régimen de excepción y comenzó a realizar operativos de capturas masivas, mayormente en comunidades con significativa presencia de pandilleros.
“533 terroristas capturamos el jueves 14 de abril. Desde que inició la #GuerraContraPandillas hemos puesto en la cárcel a 11570 pandilleros”, publicó la Policía Nacional Civil (PNC) en la madrugada de este viernes, en su cuenta de Twitter.
“La guerra contra pandillas” que menciona la PNC en la referida red social, comenzó desde el 26 de marzo anterior, día en que en El Salvador fueron asesinadas más de 60 personas, aunque la escalada había comenzado el viernes 25 y finalizó el domingo 27, mismo en que entró en vigencia el Decreto Legislativo 333, con el que se suspendieron varias garantías constitucionales.
Culpable mientras no demuestre lo contrario
Aunque el Decreto Legislativo 333 no incluye la suspensión de la garantía establecida en el inciso primero del artículo 12 de la Constitución, en la práctica, todos los 11,570 capturados hasta el jueves anterior, están siendo considerados culpables en cuanto son arrestados por parte de las autoridades.
“Toda persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa”, reza el inciso primero del art. 12 de la Constitución.
Sin embargo, muchos funcionarios, incluyendo el presidente Bukele, dan por sentado que todos los capturados desde el pasado 26 de marzo son terroristas o miembros de pandillas.
“Más de 11,000 terroristas capturados en solo 19 días. Seguimos…”, escribió el mandatario salvadoreño en Twitter en los primeros 47 minutos del jueves anterior.
No obstante, no son pocos los casos de personas cuyos familiares han denunciado que han sido capturadas de forma arbitraria por policías o militares, o por una combinación de éstos.
Uno de los casos más emblemáticos fue la captura por parte de elementos de la Fuerza Armada, en la colonia Ciudad Credisa, de Soyapango, de cuatro empleados del restaurante Café 1,200, que funciona en la zona turística del volcán de San Salvador.
Foto EDH Yessica Hompanera
De acuerdo con abogados consultados, la prueba irrefutable de que esas cuatro personas fueron capturadas arbitrariamente es que pocas horas después fueron puestas en libertad, incluso sin llevarlas ante un juez.
Los cuatro arrestados regresaban a sus viviendas luego de terminar su jornada laboral; a esa misma hora, militares realizaban un operativo en Ciudad Credisa, y aunque los cuatro hombres se identificaron plenamente y dijeron que regresaban de trabajar, los soldados los detuvieron.
Ese mismo día, Bukele comenzó a decir en Twitter que de todos los capturados tal vez habría un margen de error del 1%, es decir, que de cada 100 capturados, uno no era terrorista o pandillero.
Sin embargo, en las redes sociales como Twitter y Facebook se continúa exponiendo casos de personas que han sido sacadas de sus viviendas para ser arrestadas, o gente que fue capturada mientras se trasladaba a sus lugares de trabajo.
A pesar de tantos casos de denuncias de capturas arbitrarias, ha habido funcionarios que han sugerido que se debe portar la solvencia de la PNC y la solvencia de antecedentes penales para presentarlas ante una posible captura.