El reporte de derechos humanos para 2021 del Departamento de Estado de los Estados Unidos para El Salvador resalta cómo el derecho a la libre expresión en el país estuvo bajo constantes ataques desde el Gobierno.
“La Constitución garantiza lbre expresión, incluidos los miembros de los medios, aunque el gobierno a veces no respeta este derecho”, resalta el reporte en su apartado de derechos civiles.
El reporte también cuestiona la potestad del Ejecutivo de poner iniciar cadenas nacionales para controlar el espectro radiotelevisivo.
“ La ley permite al órgano Ejecutivo usar de emergencia las transmisiones para tomar control de todas las transmisiones temporalmente para televisar programas políticos”, critica.
El departamento de Estado también hace eco de las denuncias que hubo en 2021 de periodistas salvadoreños sobre ataques desde el oficialismo y sus aliados.
“Periodistas de varios medios digitales y escritos han acusado públicamente al presidente Bukele, su administración y sus simpatizantes de un patrón de acoso mediático para amedrentarlos”, dice.
El reporte da cuenta cómo el patrón de ataques en redes sociales hacia periodistas que piden transparencia en los fondos públicos envalentona a simpatizantes del partido en el gobierno a hacer lo mismo.
“La creciente estigmatización del rol de los medios inspira a los simpatizantes del presidente a amenazar periodistas también. El Presidente negó que amenace periodistas y rechazó acusaciones que esté reprimiendo la libre expresión”, indica el informe.
Rol fiscalizador
El Departamento de Estado destaca en su informe de 2021 cómo la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció que los comunicadores son vistos como “enemigos” y no se respeta su derecho de fiscalizador de la cosa pública como en toda democracia sana.
“En Noviembre, el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) declaró en un foro que los periodistas son vistos por el gobierno como enemigos del Estado. También confirmó un creciente número de periodistas bajo ataque del gobierno”, expone.
Y además hace el recuento de todas las denuncias de agresiones en respuesta al trabajo que realizan.
“El 30 de agosto, la APES registró 173 violaciones al ejercicio del periodismo, un incremento del 73% comparado con 2020. Entre ellos agresiones físicas, acoso digital, bloqueo al acceso público a la información, intimidación y acoso sexual. APES detalló que 84 de esas violaciones contra el ejercicio del periodismo ocurrieron durante las elecciones municipales y legislativas de parte de la Policía”, consigna.
El Departamento de Estado tampoco pasó por alto las reformas legislativas de la bancada de Nayib Bukele en torno a los periódicos.
“El 5 de mayo, la Asamblea Legislativa reformó la Ley de Imprenta para eliminar exenciones a la importación de maquinaria, materiales y equipo de impresión. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) describió la reforma como “un serio ataque a la democracia” que impactaría la industria local de los periódicos. Romeo Auerbach, miembro de GANA, justificó la reforma alegando que los medios escritos habían evadido impuestos por décadas”, establece el reporte de 2021.
En el área de transparencia y rendición de cuentas, el documento del Departamento de Estado recuerda cómo durante la pandemia, la Asamblea afín al presidente Nayib Bukele aprobó la llamada “Ley Alabí” que blindaba a funcionarios por compras de emergencia durante ese período.
“El 6 de mayo, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley para el uso de productos médicos en situaciones excepcionales por la pandemia de covid. La ley incluye provisiones para proteger a las compañías manufactureras de vacunas y evita al gobierno controles de transparencia”, especificó.
El reporte también expone la ausencia de separación de poderes entre órganos de Estado luego del golpe a la independencia judicial que propinó la bancada del presidente Bukele el 1 de mayo al destituir a la Sala de lo Constitucional.