El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó este sábado que se tienen las resoluciones de las primeras Audiencias Iniciales, contra "miembros de grupos criminales" capturados dentro del Régimen de Excepción, el cual entró en vigencia en el país desde el 27 de marzo.
Delgado detalló en su cuenta de Twitter que "de 163 imputados, 162 permanecerán en prisión y 1 será liberado, a solicitud nuestra. Las investigaciones demostraron que no es miembro de la pandilla".
Al respecto, el presidente Nayib Bukele reaccionó en dicha red social y manifestó que "de los más de 8,500 arrestos (realizados hasta el sábado), se espera que también haya un 1% de error, es decir, 85 personas aproximadamente".
Añadió: "Pero el otro 99% (+8,400) quedarán en prisión. Y eso sin contar todos los que sigamos capturando".
Sin embargo, ese "error" señalado por el mandatario contrasta con los diferentes casos que han sido conocidos a través de redes sociales, sobre personas que han sido detenidas por los cuerpos de seguridad sin tener vínculos con grupos criminales.
Por ejemplo, el reciente caso de los cuatro colaboradores de 1.200 Café capturados la noche del viernes 8 de abril en la colonia Ciudad Credisa, Soyapango, que fueron liberados cerca del mediodía de este sábado, tras una ola de críticas contra su detención.
Al respecto, Wilson Sandoval, experto en temas de transparencia, destacó en Twitter: "Interesante. Gracias a los medios no alineados y presión en redes sociales se logra la reacción del Estado y la liberación".
Además, indicó que "la libertad de expresión, información y prensa sí tienen efectos en favor de la ciudadanía. Nunca debieron pasar por esto".
"No se llama margen de error"
Por su parte, el presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz, señaló: "No, presidente. No se llama margen de error. Se trata de una abierta y persistente vulneración de derechos de cientos de ciudadanos inocentes".
Añadió: "Y no solo se debería pedir disculpas, sino también asumir la responsabilidad por las consecuencias".
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Y es que el caso de los colaboradores de 1.200 café es similar a lo sucedido el pasado 3 de abril, cuando capturaron al profesor Samuel Antonio Monjarás Lizama, de 43 años, por interceder por su hijo Víctor Samuel Monjarás Martínez, de 19. Ellos trataron de explicar que iban a Usulután a comprar insumos para su negocio, pero los captores alegaron que el dinero que llevaban en una bolsa era fruto de extorsiones.
Esto ocurrió en el barrio La Parroquia, municipio de Santa Elena, departamento de Usulután, aproximadamente a una cuadra de la vivienda del padre y el hijo detenidos.
De igual manera le sucedió a Alexander Mejía Gómez, un albañil de 31 años, que fue capturado el pasado 27 de marzo por "receptación" (comprar algo de dudosa procedencia). El policía le explicó a la madre del detenido que el delito de receptación era porque no cargaba la factura del teléfono celular que portaba. “Me parece injusto eso, porque aquí nadie anda la factura del teléfono”, comentó Elizabeth Gómez, madre de Luis.
El juez Antonio Duran también reaccionó al respecto y expresó: "Con tanta detención ilegal, arbitraria, infundada e injusta, ¿será que les han puesto cuota de detenidos para después hacer propaganda de la gran cantidad de pandilleros detenidos, pagando justos por pecadores?".
Estas acciones han sido cuestionadas por organismos internacionales como Human Rights Watch, que ha señalado que las medidas impulsadas por el gobierno de Bukele para "combatir la delincuencia" violan las garantías básicas del debido proceso de las personas.