Pasará mucho tiempo para que los salvadoreños podamos olvidar estos días de marzo, en que un baño de sangre enlutaron a más de 80 familias en todo el territorio nacional. No sabemos si fue un mensaje de las pandillas, o una prueba más de que el Plan de Control Territorial es únicamente un tema de publicidad, totalmente desconocido e inoperante, aunque tenga asignados varios millones de dólares. En los días siguientes, el panorama se tornó más oscuro al declararse un Estado de Excepción, que limitó más libertades de las establecidas, como la libre circulación.
Triste escenario contemplar soldados y policías fuertemente armados registrando las mochilas de niños pequeños tras su jornada escolar. Ver a una madre con sus hijos sin poder entrar a la colonia donde vive, porque en su DUI no aparecía su dirección en dicha colonia. Y escuchar en tono triunfal al Presidente Bukele anunciar la captura de casi 7,000 personas, algunos reconocidos y otros por sospecha de que sean pandilleros. Y el llanto de madres, abuelas, esposas e hijas expresando su dolor porque al hijo, padre o esposo, se lo habían llevado sin saber por qué, cuando venía del trabajo o regresaba de alguna diligencia.
¿Quién los acusó? ¿Bajo qué criterio se realizaron estas detenciones, en algunos casos con lujo de violencia, olvidando los derechos humanos y la presunción de inocencia? Pero las capturas no se realizaron en zonas consideradas peligrosas, porque un joven, en la turística Ruta de las Flores, que trabaja como jardinero en muchas casas de la zona, fue detenido cuando se dirigía con otro compañero a jugar fútbol. Y a esta amarga situación, las autoridades responden rechazando información sobre el paradero de los miles de detenidos. Los parientes son tratados de manera humillante, y los que se deplazan hasta el Penal de Izalco, reciben un número de teléfono que está escrito en un papel pegado en la puerta.
Hay más preguntas sin respuesta. ¿Por qué las declaraciones de las autoridades tienen un tono amenazante? ¿Decir que muchos ni siquiera llegarán a la cárcel equivale a que morirán en el camino? ¿Que el menú disminuido a dos tiempos de comida de pan con frijoles y fresco y frijoles con tortillas de taco (aclarando que no son chengas salvadoreñas) es para matarlos de hambre, hasta llegar a cero tiempos de comida, ni un arroz? Si el sistema carcelario está en peligrosos niveles de hacinamiento, ¿dónde van a ubicar a estos 7 mil capturados? ¿Dónde están los jueces para dar cumplida justicia a estos ciudadanos detenidos, tomando en cuenta la ya existente mora judicial?
Y si no fuera suficiente, la Asamblea aprobó sin discusión una reforma al Código Penal y otra que es prácticamente una Ley Mordaza, que da un golpe de gracia al periodismo investigativo y quita a la población el derecho a estar informada en temas tan relevantes como el de las pandillas. La anunciada recompensa para los delatores abre la puerta para que muchos delincuentes obtengan ese dinero, o que sirva para denunciar por venganza a personas inocentes.
Curiosamente, en la votación para aprobar las reformas al Código Penal con 63 votos, 20 fueron de diputados suplentes: 16 NI cian, 3 GANA y 1 PCN. Y la de Proscripción de Maras con 64 votos, hubo 21 de diputados suplentes: 17 NI cyan, 3 de GANA y 1 PCN. ¿Tendrían los propietarios las razones válidas que establece el reglamento, o es que ya están matando su chucho a tiempo para cuando la Patria les demande el haber faltado a su juramento de cumplir los mandatos de la Constitución y tengan que sufrir las consecuencias?
Maestra.