Por Los derechos humanos son conquistas históricas de los pueblos que han costado vidas. Venimos del sometimiento de los pueblos indígenas por la monarquía española y, a partir de ahí, una historia dolorosa y sangrienta para la población. Pasamos por diversas dictaduras militares, golpes de Estado, hasta una cruel guerra civil.
A partir de toda esta crisis se lograron los Acuerdos de Paz, mismos que hoy son invisibilizados y, con ello, una gran cantidad de derechos humanos que han permitido a los salvadoreños vivir en democracia a pesar de las circunstancias sociales que muchas veces han sido críticas para la población.
La delincuencia es un fenómeno presente en todos los momentos de nuestra historia, con diferentes bemoles y características específicas. Actualmente, la población vive sometida en una profunda crisis de violencia, pero con el agravante que los gobernantes de turno resultaron ser aprendices de dictadores y sin ninguna pena para demostrarlo una y otra vez.
Desde mayo 2019 a la fecha, lo que hemos visto es una política de imposición de decisiones unilaterales, inconsultas y populistas. Cerrar el camino al diálogo, escuchar sólo a quienes aplauden, parecen ser las únicas formas de gobernar a un pueblo que cada día se hunde más en la pobreza y la exclusión.
Para mala suerte de las mayorías, especialmente aquellas que no salen a votar, es decir, el 50% de la población, se le entregó la administración pública a un grupo de desconocidos que, tal como ellos mismos expresan, fueron electos gracias a la N, la de Nayib, pero también la del No al diálogo, la N de la Negación de la realidad, del Nepotismo y la N del Nada ha cambiado.
Y es que desde el primero de mayo 2021 todo ha sido una pérdida de derechos humanos. La Asamblea Legislativa nos quitó de golpe nuestras garantías constitucionales al destituir, en un acto completamente arbitrario, a la Sala de lo Constitucional. A partir de ahí, todo estaba destinado a retroceder cientos de años en materia de derechos humanos.
No contar con garantías constitucionales ha significado la imposición de una moneda virtual fracasada, la entrega del servicio vital del agua a manos privadas y sin consulta ciudadana, retiro de estabilidad laboral para miles de trabajadores, destitución arbitraria de jueces de distintas jurisdicciones, etc.
¿Quién nos garantiza ganar una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional si esta es ilegítima? Es decir, hoy es imposible encontrar justicia en el tribunal constitucional por evidentes razones.
Así han ido corriendo los días, hasta hace dos semanas, tras 62 homicidios inexplicables, durante un supuesto “exitoso” plan control territorial, sin explicación lógica y coherente, se aprueba un régimen de excepción para, supuestamente capturar delincuentes por asociaciones ilícitas. Delito que está claramente tipificado en el código penal y para el cual no era necesario someter al pueblo a la pérdida de sus derechos de libertad de organización, libertad de expresión, derecho de defensa, entre otros.
Y pudo ser peor, sí. Por decreto promovido por el ejecutivo, como casi todos, ahora los medios de comunicación y la ciudadanía son criminalizados por el hecho de compartir noticias sobre el flagelo de la violencia que sufrimos todos los días. Hasta 15 años de prisión por informar a la población. Sin duda hoy se legisla a la medida de un régimen dictatorial. Sobran las pruebas y quedan cero dudas.
Cada día le va llegando el turno del ofendido a un salvadoreño más, todos, los que votaron por este régimen y los que no, estamos padeciendo de la deriva autoritaria, en medio de un momento de fanatismo redentor a causa de la propaganda desmedida y la falta de educación política.
¿A dónde vamos a parar? ¿Hasta dónde vamos a soportar las arbitrariedades del dictador? ¿Cuál será el derecho humano que necesitamos que esta dictadura nos arrebate para reaccionar? Sigamos esperando el turno del ofendido, mientras esperamos estas respuestas.
Lic. en Ciencias de la Educación, sindicalista