Un total de 91 financistas de partidos políticos recibieron 950 contratos del Estado por un monto de $122,155,787.91 durante el periodo 2006 y 2020, que abarca a los gobiernos de ARENA, FMLN y una parte de la actual gestión que Nayib Bukele se agenció con GANA, según un informe de Acción Ciudadana.
Los datos fueron revelados en el informe denominado Partida doble: Financistas de partidos políticos y contratistas del Estado en El Salvador que el organismo de la sociedad civil presentó este viernes a través de su canal de YouTube.
Aunque Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, aclaró "que en esta investigación de ninguna manera se está insinuando que los contratos que se han encontrados que han sido otorgados a donantes de partidos son ilegales o que son viciados", dijo que "existe suficiente evidencia en la región que muestra que los contratos estatales con financiamiento de partidos generan corrupción y conflicto de interés".
Además, señaló “que hemos descubierto con los pocos datos que hay que este fenómeno persiste en el actual gobierno o sea no es exclusivo de los gobiernos de ARENA ni del FMLN”, pero advirtió que “cada vez va a ser más difícil establecer esa relación entre el dinero y la política” ante la “opacidad” de la administración Bukele para entregar información al igual que su partido Nuevas Ideas que no ha proporcionado detalles sobre su financiamiento.
Periodos con más adjudicaciones
De acuerdo con el informe, de 27 instituciones públicas, entre ministerios y autónomas, que fueron analizadas en 22 de estas entidades gubernamentales se detectó que dicha cantidad de donantes de institutos políticos obtuvieron adjudicaciones estatales.
Cuestiona que "el monto total de lo contratado es 68 veces superior a lo que los financistas donaron" en ese lapso, pues este aporte entre 2006 y 2020 equivalió a $1,797,222,21", señala el reporte, el cual destaca que la mayor cantidad de adjudicaciones estatales a dichas figuras se dio en los periodos preelectorales y durante los años en que se celebraron comicios.
"Los montos más altos de contratación fueron efectuados en los años 2009, 2012, 2013, 2015 y 2018, equivalentes a cuatro años electorales y uno preelectoral. El monto más alto registrado corresponde a 2015 ($15,010,343.60), mientras que el monto más bajo es de 2010 ($655,161.42), correspondiente a un año no electoral", indicó la investigación.
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“Habrá que profundizar en esta tendencia para descubrir si hay una relación causal o no entre un contrato con el Estado y una donación que se ha hecho a un partido o a un candidato”, afirmó Escobar.
El informe indicó que los 10 mayores financistas favorecidos con adjudicaciones del Estado provienen de empresas de la construcción, textiles, publicidad, agrícolas, seguros e hidrocarburos.
Escobar lamentó que la contratación de donantes de partidos por parte del Estado no está regulada en el país, “pese al riesgo de provocar corrupción”.
Agregó que "habrá que poner atención es si este gobierno está prefiriendo modalidades de contratación que tengan menos restricciones para seleccionar a los contratistas, es decir si está recurriendo a compras directas u otra modalidad que no tenga tantos controles".